Proyecto de ley

Impulsan un código prácticas vitivinícolas que proteja a la cadena de producción ante el avance desregulador

Los diputados massistas Lizana y Difonso son coautores del proyecto que busca compensar la derogación de la Ley de Contratos Frutihortícolas que impulsa Cornejo

Los diputados provinciales Gabriela Lizana, del Frente Renovador, y Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, presentaron un proyecto por el que buscan que las bodegas se comprometan a desarrollar la actividad vitivinícola cumpliendo con buenas prácticas de contratación de productos.

La iniciativa, en la que también participó la fundación Hacer Mendoza del ex intendente de Lavalle Roberto Righi, tiene su musa inspiradora en los acuerdos que se aplican en Europa y en Australia y que fomentan no solo empresas de triple impacto sino también la protección de toda la cadena de producción.

"El productor siempre es el que queda desprotegido", dice a Diario UNO Gabriela Lizana, una de las impulsoras del proyecto que ya entró en Diputados, y tras tomar estado parlamentario pasará a la comisión de Economía, donde ella es vicepresidenta (el presidente es el oficialista Guillermo Mosso).

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Los diputados provinciales Gabriela Lizana, del Frente Renovador, y Jorge Difonso, de La Unión Mendocina.

Los diputados provinciales Gabriela Lizana, del Frente Renovador, y Jorge Difonso, de La Unión Mendocina.

La presentación de este proyecto de ley "para mejorar el funcionamiento de la cadena de valor en los productos alimentario de origen agrícola" llega para contrarrestar los efectos de la desregulación de las actividades impulsada no solo por el gobierno nacional de Javier Milei sino también por el provincial de Alfredo Cornejo, desde donde ya se anticipó la intención de terminar con la Ley de Contratos Frutihortícolas.

Importaron el código de buenas prácticas

Mendoza, y Argentina en general, se ha quedado atrás en la materia, asegura la diputada Lizana. Bodegas de Argentina tiene su protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola que pone el foco en el proceso, en la calidad de los productos y el compromiso con la comunidad pero no hace referencia puntual a la negociación comercial con el productor.

"La ley de contratos no funciona", dicen desde el Ministerio de Producción que, más pronto que tarde, buscará su derogación siguiendo a su vez el camino de la desregulación que incluirá también la caída del acuerdo Mendoza- San Juan para la diversificación.

Ese camino ya empezó y difícilmente se detenga; de ahí el interés de estos dos legisladores opositores en apuntar a la libertad de adhesión. Lo que impulsan es que sean los propios bodegueros los que de manera voluntaria se inscriban para cumplimiento de este "Código de Buenas Prácticas Comerciales en la Contratación de Productos Alimentarios de Origen Agrícola para la Provincia de Mendoza".

Esto a cambio de una certificación o sello que podría, según cranearon Lizana y Difonso, favorecer a las empresas a la hora de colocar sus productos en el exterior, especialmente en Europa donde estas prácticas son miradas cada vez más de cerca.

El texto de la iniciativa agrega además que quienes adhieran a las buenas prácticas serán prioridad en el "otorgamiento de financiamiento y/o subsidios por parte del Fondo para la Transformación y el Crecimiento o cualquier otra línea o beneficio fiscal que promueva el Gobierno".

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El proyecto aplica en general a todos los productos agrícolas alimentarios pero el modelo de código anexo está pensado para el mundo de la vitivinicultura.

"Durante su tratamiento serán invitadas las corporaciones vitivinícolas, empresarios y productores, para que mejoremos el texto si fuera necesario", prometió la autora.

Teniendo en cuenta que Lizana y Difonso son de bloques diferentes, la búsqueda de consenso para el proyecto comenzará dentro de sus interbloques, el que reúne también al Partido Justicialista y a Protectora; y al que agrupa al resto de LUM.

Puntos clave del código de buenas prácticas propuesto

  • El código de buenas prácticas es para la compra de uvas para elaboración de vino ha sido desarrollado para el sector vitivinícola mendocino.
  • Es voluntario.
  • Los principios aplicables son:
  1. equilibrio y justa reciprocidad entre las partes,
  2. libertad de contratación,
  3. buena fe,
  4. interés mutuo,
  5. equitativa distribución de riesgos y responsabilidades,
  6. cooperación,
  7. transparencia y
  8. respeto a la libre competencia en el mercado
  • Como regla, todos los contratos de compra venta de uva deben ser instrumentados por escrito, antes del ingreso de la uva en la bodega y expresado en términos claros.
  • Los contratos deben incluir precio o mecanismo para determinar el precio; y plazo de pago.
  • Los contratos deben ser claros, ajustados a derecho y justos.
  • Sobre los costos de producción, el proyecto en general reza que su determinación "será efectuada por la autoridad de aplicación a través del Instituto de Desarrollo Rural (IDR)" y que también la autoridad de aplicación podrá tomar como referencia las determinaciones "efectuadas por organismos nacionales tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) u otros de reconocida solidez técnica".
  • Según el proyecto, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Producción de la provincia.