Femicidio en Maipú

Florencia Romano: la lupa sobre la Bicameral de Seguridad que no funciona

La Bicameral de Seguridad tiene la tarea de controlar el sistema de seguridad pública, pero no funciona desde abril del 2019. La resolución para convocarla se firmó en septiembre, pero aún no se convoca

El femicidio de Florencia Romano (14) vino a desnudar varias fallas en el sistema de Seguridad y también algunas aledañas que hacen a su funcionamiento. Una de ellas es la inacción de la Bicameral de Seguridad, que no funciona desde abril del 2019, y cuya tarea es justamente controlar cómo funciona el sistema de seguridad pública.

Ese fue también uno de los ejes del fuerte cruce que protagonizaron este miércoles en Séptimo Día de Canal 7, el jefe del bloque de Senadores del PJ, Lucas Ilardo y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

"Hace 6 meses que venimos pidiendo por la Bicameral de Seguridad que hace años no funciona, pero Lombardi la tiene archivada", disparó Ilardo y le pasó la responsabilidad al radical que se defendió diciendo que él había firmado la resolución para conformarla en septiembre pasado.

La mentada bicameral se conformó el pasado 23 de setiembre con los legisladores que cada bloque con representación legislativa aportó, pero aún no ha tenido actividad.

En los hechos, esa bicameral que fue creada por ley en 1999, no funciona desde abril del 2019 pese a que ya se sabe quienes deberían conformarla este año. De hecho justamente porque la debe presidir un legislador de la primera oposición, en este caso el Frente de Todos- Pj con alternancia entre una cámara y la otra, y la última la presidió el diputado peronista Daniel Rueda, a la versión de este 2020 debería presidirla un senador peronista, en este caso sería Rafael Moyano.

Según el detalle que enviaron las cámaras esa bicameral debería conformarse este año con los siguientes legisladores:

En el Senado: Rafael Moyano (PJ) , Mauricio Sat (PJ), Diego Costarelli (UCR), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Héctor Bonarrico (MASFE), Rolando Baldasso (PRO) Daniel Galdeano (Partido Intransigente).

En Diputados: José Orts (UCR), Álvaro Martínez (PRO), Josefina Canale (PDP), Néstor Márquez (FdT-PJ), Mauricio Torres (FR-UP), Guillermo Mosso (PD), Mario Vadillo (Protectora LF), Eduardo Martínez (PI), Pablo Cairo (Protectora FP) y José María Videla Sáenz (FR).

Cruces y chicanas

Ante la inactividad de la Bicameral de Seguridad, tanto Ilardo como Lombardi se repartieron responsabilidades.

El primero le endilgó a Lombardi la tarea de convocarla para que en esa sesión asuma el presidente y pueda comenzar a funcionar, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que él ya había cumplido con firmar la resolución que la crea.

Más allá de los cruces y chicanas partidarias, sería clave que esa bicameral comience a funcionar no sólo para que sea el marco en que los funcionarios de Seguridad puedan explicar cómo se actuó en el femicidio de Florencia Romano, sino también para que pueda ejercer el rol que le fue asignado desde su creación a través de la ley 6721 que es "la supervisión y control de los organismos que ejecutan y desarrollan políticas de seguridad pública en la provincia”.

Antecedentes de una bicameral activa

En la historia reciente de la Legislatura, el accionar de la Bicameral de Seguridad tuvo un protagonismo indiscutible, tanto a la hora de revisar políticas como de hacer aportes concretos.

En ese historial resaltan dos legisladores que presidieron esa Bicameral o tuvieron incidencia en el accionar de esa comisión, como son Daniel Cassia (PJ) y Luis Petri (UCR). Cada uno desde su lugar de especialistas en Seguridad fueron críticos, señalaron fallas y pusieron al desnudo serias falencias de un sistema que necesitaba no sólo más fondos, sino también de leyes que impulsaron cambios.

Cassia fue de las primeras voces en marcar la falta de equipamiento de la policía en la gestión de Julio Cobos, y aseguró que lo que faltaban móviles, uniformes, equipos, capacitación, detectores de metales y tecnología.

Por su parte, uno de los recordados aportes de Petri fue la ley que popularizó con su apellido y se sancionó en el 2012 luego del recordado crimen de Matías Quiroga (21), el joven que fue asesinado en marzo de ese año en el asalto a un camión blindado en la Bolsa de Comercio de Godoy Cruz. El autor de ese crimen fue Omar el Tanga Gómez, quien gozaba de salida transitorias, luego de su paso por la cárcel por diversos delitos graves.

Tras ese caso, la Ley Petri restringió los beneficios que podrían tener de ahí en más los presos en Mendoza.