Una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, fechada el 4 de diciembre de 2025 y publicada este viernes, dispuso la exoneración de siete ex agentes penitenciarios que torturaban a presos en el Complejo Penitenciario San Felipe.
Sobre los penitenciarios se aplicó la máxima sanción tras conocerse la condena por torturas. Imagen ilustrativa.
Inicialmente, en mayo de 2013, a estos funcionarios se les había aplicado la sanción administrativa de cesantía. Ahora, la exoneración agrava el criterio, porque el proceso judicial continuó y en septiembre de 2019 se dictó una condena penal contra los acusados.
Posteriormente, la Corte Nacional confirmó la pena de diez años para los penitenciarios involucrados, en lo que se convirtió en un caso con repercusión internacional.
Los ex agentes exonerados son José Alejandro Arredondo Ahumada, Daniel Adrián Perón González, Luis Alejandro Dambrosio Orozco, Germán Orlando Núñez Aciar, Johnny Segundo Navarro Ballesteros, Jonathan Edgardo Bizaguirre Moreno y Edgardo Yoel Quero Rey.
Y el cambio de cesantía a exoneración es no solo una medida administrativa, sino un gesto político, ya que la cesantía separa del cargo a los agentes mientras se define una investigación, mientras que la exoneración implica una expulsión definitiva, que impide cualquier retorno a tener cargos y se asocia a situaciones de máxima gravedad.
Las torturas en San Felipe y sus consecuencias
La penitenciaría de San Felipe tiene un capítulo sombrío en su historia, marcado por denuncias de torturas que trascendieron las fronteras de la provincia.
El caso estalló en febrero de 2011 cuando el abogado Diego Lavado denunció públicamente y mostró el video donde un grupo de guardiacárceles torturaba al menos a dos internos. Los hechos habían ocurrido en junio de 2010.
Los penitenciarios usaron un celular para filmarse y divertirse mientras castigaban a los reos. Ese celular llegó a manos de un interno, quien se lo entrego al abogado.
El ministro de Gobierno de aquel momento, Mario Adaro, y el director del Servicio Penitenciario, David Mangiafico, respaldados por el gobernador Celso Jaque, aseguraron por entonces que se trataba de un hecho aislado.
Pero esa explicación fue cuestionada cuando uno de los internos maltratados, William González (19), fue liberado tras cumplir una condena por tenencia de estupefacientes y dijo que había un grupo de penitenciarios que se hacía llamar "San la Muerte" y que en la noche salían a buscar presos para golpearlos.
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