Tres ex ministros de Seguridad de San Luis, que fueron funcionarios durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, resultaron imputados por delitos de corrupción. Así lo dispuso este jueves la jueza de Garantías Luciana Banó durante una extensa audiencia de formulación de cargos.
Los ex funcionarios junto a algunos defensores en la audiencia de este jueves.
Foto: Gentileza El ChorrilleroTambién fueron alcanzados por la imputación dos ex intendentes del mismo espacio.
Los involucrados son el intendente de La Toma en uso de licencia y actual diputado Nacional de Unión por la Patria, Ernesto “Pipi” Alí; los ex ministros de Seguridad, Luciano Anastasi y Claudio Latini, quienes ocuparon el mismo ministerio en distintos períodos; el ex intendente de San Francisco, Jeremías Vivas, y el ex jefe comunal de Cortaderas, Mario Canali.
Fraude a la administración pública
Según contó el diario sanluiseño El Chorrillero, la fiscal de Instrucción Linda Maluf, acompañada por la fiscal adjunta, Roxana Alcaraz, relató los hechos y les atribuyó a los cinco los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La jueza Banó dio por admitida la formulación y concedió las medidas de coerción requeridas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Ahora los acusados deberán firmar el libro de imputados durante cuatro meses, no podrán salir de la provincia en ese mismo plazo (excepto Alí por su función en el Congreso de la Nación) y se dispuso la inhibición general de bienes junto a la prohibición de contratar.
La fiscal Maluf describió un patrón repetido en todos los convenios: transferencias millonarias y nula ejecución. En el primer hecho, apuntó a Anastasi, Latini y Alí. El 16 de agosto de 2022, el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de La Toma celebraron tres contratos por un total de $28.801.501, contó El Chorrillero.
El primero, por $9.947.695, era para la refacción de la Comisaría de la Mujer y el comedor de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 6. El segundo, por $8.894.645, tenía como objeto el destacamento de bomberos. El tercero, por $9.959.161, era para criminalística, investigaciones y canes.Se pactaron adelantos del 30% y plazos de 60 días para terminar las obras. Sin embargo la primera transferencia recién se concretó el 24 de agosto de 2022 por $8.640.453, y una segunda el 5 de mayo de 2023 por $11.520.690, cuando no había registro de avances.
“Lo que es peor aún, se rescindieron todos los contratos justo antes de que asumiera la nueva gestión de gobierno. Ni siquiera se exigió un detalle de los trabajos realizados, pese a que ya se habían transferido millones”, subrayó la fiscal recordó el portal mencionado.
El segundo hecho alcanzó a Anastasi, Latini y Vivas. En noviembre de 2022 se firmaron dos contratos con la Municipalidad de San Francisco. Uno para la refacción de la comisaría distrito 14 por $8.173.390. Otro para la jefatura de la UROP 5 por $9.163.961.
El 7 de diciembre de 2022 se giraron $5.201.205 como anticipo. Pero en octubre de 2023, Latini volvió a rescindir los convenios bajo el mismo argumento de “inestabilidad económica”. En marzo de 2024, una constatación judicial corroboró que los edificios permanecían en estado de abandono, con deficiencias eléctricas, paredes despintadas y sin medidas de seguridad.
El tercer hecho tuvo como protagonistas a Latini y Canali. En junio de 2023 se firmó un contrato por $14.993.638 para la refacción de la subcomisaría N°22 de Cortaderas. Se realizaron tres transferencias: $5.997.455 el 5 de junio, $1.499.363 el 6 de julio y $2.998.727 el 29 de agosto. En noviembre de 2023, poco antes del cambio de gestión, el convenio fue rescindido nuevamente sin que hubiera ni inicio de los trabajos.
“Volvemos a observar el mismo modus operandi (…) Se transfirieron sumas millonarias, se rescindieron contratos y no hubo obras ejecutadas”, insistió Maluf.
“No es un mero incumplimiento contractual, sino un fraude al Estado”
En representación de la Fiscalía de Estado, el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, intervino como parte querellante y se alineó con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.
“Vamos a adherir en un todo a la formulación de cargos que ha encabezado el Ministerio Público (…) lo que queda claro en esta instancia también, su señoría, es el modo. Coincidentemente sucedió lo mismo en tres localidades. Mismas transferencias, cuando constataban que no había avance, volvían a transferir más. Este tipo de acción sin lugar a duda tiene una connotación de dolo, de intención”, sostuvo.
Los imputados buscaron defenderse
Luciano Anastasi, que se presentó como empresario, buscó desligar su responsabilidad y apuntó directamente contra el gobernador, Claudio Poggi, porque “pretende utilizar este Poder del Estado para perseguir y acallar voces opositoras”.
La defensora oficial Stefania Cifuentes no se opuso a la formulación de cargos, pero sí cuestionó las restricciones, al señalar que Anastasi tiene hijas estudiando en otra provincia y suele viajar con frecuencia.
A diferencia de otros imputados, Claudio Latini decidió abstenerse de declarar. En su lugar, lo hizo su abogado, Cristóbal Ibáñez, quien cuestionó de manera tajante la acusación. “No es lo que realmente ha sucedido. Hay un déficit en la formulación de cargos, insuficiencia de prueba. La formulación de cargos es un calco de la denuncia”, afirmó.
Ernesto Alí descalificó de plano la investigación y cargó contra el gobernador Poggi. “Es una pérdida total de tiempo. Le pedimos perdón a la jurisdicción por esta barbaridad política que ha hecho el gobernador Poggi una vez más, porque las obras están, los trabajadores estuvieron, es todo falso”, aseguró.
“No me van a callar y no me van a meter miedo jamás porque no les tengo ningún tipo de miedo”, expresó en la declaración que se extendió cerca de 20 minutos.
Mario Canali rechazó las acusaciones y defendió la ejecución de la obra pactada en Cortaderas. “Me dieron dinero para hacer una ampliación. Todo se hizo. Nos faltaban aires acondicionados y Latini me preguntó si llegábamos al 9 de diciembre. Como no llegábamos, lo rescindimos. Puedo traer testigos que vieron lo que se hizo. Lo terminé con fondos nuestros”, aseguró.
Jeremías Vivas optó por abstenerse de declarar. En su representación habló su abogada, Estrella Marín, quien rechazó la acusación del Ministerio Público Fiscal y defendió la transparencia de su gestión en San Francisco.
Fuente: El Chorrillero.