Si los corruptos no son condenados, al menos que la plata y los bienes sean devueltos al pueblo.
En eso consiste básicamente la “extinción de dominio”, uno de los asuntos mentados del momento. O, en todo caso, mientras se sustancia el proceso penal, la justicia civil podría acelerar la recuperación de los fondos generados por el crimen organizado.
El arco multicolor del peronismo acaba de abroquelarse en la bicameral de Trámite Legislativo para votar en contra del decreto de necesidad y urgencia presidencial que establece una norma de expropiación del patrimonio malhabido por actos de corrupción, narcotráfico y trata de personas.
La discusión está centrada en que se trata de una atribución del Parlamento y ahora las dos cámaras serán las encargadas de rechazar o no el DNU. El problema de fondo es que el Senado ya se expidió hace seis meses mediante un proyecto que consagra la impunidad de todos los encausados hasta el momento de la promulgación de la ley. Además, los objetores pretenden que las sentencias estén firmes. Algo que, ya se sabe, se convierte en una chicana para dilatar in eternum el acto de justicia. Eso sí, siempre hay un argumento de supuesta legalidad para solapar la excusa; para un lado o para otro, mientras que el instrumento sea funcional al interés de parte.
La corrupción estructural de la década kirchnerista es la tabla de salvación de Macri en su propósito reeleccionista para lo cual necesita polarizar con Cristina. No le será redituable hablar de su gobierno sino acentuar lo malo de su eventual rival. Como están las cosas, en general el electorado está más proclive a votar en contra de, que a favor de un/una postulante convincente.
Aquí en Mendoza, el gobernador Cornejo decidió enviar un proyecto de ley de Extinción de dominio que todavía está aletargado en la Legislatura, porque todo lo que connote a interés partidario cae bajo la suspicacia del rédito electoral. Voces del justicialismo ya le han encontrado un montón de “peros” legales antes del debate parlamentario. Claramente, la iniciativa salpica a varios de los suyos y no es momento de mover el avispero.
La forma y el fondo
Por ahora el foco de las pujas jurídico-políticas está centrado en la posibilidad de reelección de los jefes de cuatro bastiones del justicialismo.
El decreto tardío del gobernador que promulga la enmienda de la Constitución para impedir las reelecciones sin límite, pone otra vez a la Suprema Corte en el centro de la disputa política. Los intendentes tuvieron que recurrir al amparo para que Cornejo, un tiempista de la política, no los
dejara fuera de carrera sin competir. En esta batalla legal, lo único que tienen asegurado los intendentes, probables candidatos, es el costo de estar bregando por otra reelección, pero confían en el fallo de los supremos, y esperan quedar habilitados para someterse al veredicto de la gente.
Los jefes comunales ya dieron un paso en su objetivo con el dictamen no vinculante del Fiscal de Estado. Fernando Simón es otro que decidió correr con el costo de su contradicción entre su posición a favor de la promulgación de la enmienda cuando era senador justicialista y gobernaba
Paco Pérez, y la que ahora esgrime desde su rol de fiscal de la Provincia.
El tiempo pasa y las cosas se acomodan. Un buen ejemplo es la obstrucción del radicalismo, cuando estaba en la oposición, a cualquier modificación de la obsoleta Constitución, mientras que ahora que gobierna milita su reforma. Todo sea por el interés partidario que siempre prima por
sobre el interés general, una predominante en la política.
A treinta y cinco años de la recuperación de la democracia tendríamos que regirnos por una legislación que no ofrezca dudas ni lugar a la especulación, porque termina invariablemente con interpretaciones antojadizas o judicializando la política. Pero son justamente los políticos, quienes tienen las herramientas para levantar la vara y fortalecer las instituciones republicanas. Ya es hora de sentar las bases, todo lo demás viene después.