Informe del CEM

Empresarios destacaron la austeridad del Estado provincial, aunque reclamaron por la demorada reforma fiscal

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) analizó la última década de finanzas locales. Mendoza cerró el 2024 con superávit operativo y ahorro corriente histórico

“El proceso iniciado en 2016 debe continuar y profundizarse”, aseguró el Consejo Empresario Mendocino (CEM) en su último informe de análisis sobre las finanzas provinciales; aunque reclamó que el oficialismo impulse el tratamiento de la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que espera en la Legislatura desde 2023.

Por cuarto año consecutivo, Mendoza cerró el 2024 con superávit operativo. Esta vez fue del 4% de los recursos corrientes. En tanto, el ahorro corriente alcanzó el 14,8% de los recursos corrientes.

“Luego de muchos años de deterioro, el cambio de tendencia desde 2016 contribuyó a recuperar el ahorro corriente, pasando de un déficit de 7% en 2015 a un superávit del 14,3% promedio en los últimos 4 años. El equilibrio o superávit corriente es una de las claves de la sostenibilidad de las cuentas fiscales provinciales”, dijeron los empresarios mendocinos, liderados por Martín Clément.

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Martín Clément, presidente del CEM. El Consejo Empresario analizó los últimos 10 años del Estado provincial.

Martín Clément, presidente del CEM. El Consejo Empresario analizó los últimos 10 años del Estado provincial.

El ojo de los empresarios puesto en la presión fiscal

Si bien los empresarios del CEM destacan la importancia de que el Estado se enfoque en sus “funciones prioritarias” y busque “mayores niveles de eficiencia y eficacia del gasto”, también es clave, para ellos, que se reduzca la “elevada carga tributaria sobre el sector privado”.

Refieren que el tamaño del Estado no puede ser mayor al que puede financiar el sector privado; de ahí que “toda iniciativa que promueva la competitividad y la observancia de la restricción presupuestaria del Estado, haciéndolo más eficiente y eficaz para los ciudadanos es un aporte valioso”.

En ese camino, valoraron la decisión del Gobierno provincial de excluir del régimen SIRCREB a los contribuyentes locales con buen historial fiscal.

Pero también pidieron que se le dé tratamiento -y aprobación- al proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que en su momento fue impulsado por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, hace dos años, pero quedó frenado en la Legislatura con la asunción de Alfredo Cornejo.

10 años de recursos fiscales

Según el análisis del CEM, el gasto público creciente derivó en un fuerte aumento de la presión impositiva provincial (ingresos tributarios/PBG), que pasó del 3,6% en 2004 al 7% del PBG en 2015 y a 7,5% en 2017.

Desde ese año –primera gestión de Alfredo Cornejo-, de la mano del programa de reducción de alícuotas de ingresos brutos, este indicador inició una tendencia a la baja, ubicándose en un estimado de 6,6% en 2024. Sin embargo, la presión tributaria actual sigue estando 3 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2004.

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Recursos provinciales, en el análisis del CEM

Los recursos provinciales rondaron el 50% de los ingresos corrientes entre 2014 y 2019, cayendo al 44% en el período 2020-2024.

En el último año, el 68% de los recursos provinciales fueron tributarios. El resto correspondió a recursos no tributarios, entre los que se cuentan las regalías.

El impuesto a los ingresos brutos es la principal fuente de ingresos provinciales y representa el 25% de los recursos corrientes.

Entre 2016 y 2024 los recursos corrientes cayeron un 12% real, con una reducción del 18% en los recursos de origen provincial y del 5% en los recursos nacionales.

Entre los recursos de origen provincial, los recursos tributarios se redujeron 17% (ingresos brutos: -13%; este tributo cuenta con un programa de reducción de alícuotas desde 2017), en tanto que los no tributarios lo hicieron un 20% (regalías: -35%, explicado mayormente por la caída en producción).

El CEM aconseja, hacia el futuro, monitorear la evolución de los recursos corrientes, tanto provinciales como nacionales; y gestionar con austeridad el gasto, cuya partida más significativa es personal.

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