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El procurador Alejandro Gullé dictaminó a favor de Teresa Day

El jurista fundamentó porqué es el Senado y no la Corte quien tiene facultades para decidir si Day cumple los requisitos para integrar el máximo tribunal

A días de que la Suprema Corte de Justicia deba definir en un plenario la situación de su más reciente integrante, María Teresa Day, el procurador Alejandro Gullé emitió un dictamen en el que asegura que la jueza Day cumple los requisitos para integrar ese tribunal, pero además les remarca a los supremos que quien determina esas condiciones es el Senado y no la Justicia.

Con un escrito de 21 páginas, Alejandro Gullé arrojó argumentos jurídicos en la polémica abierta en la Corte sobre la designación de Teresa Day y se permitió marcarle a los supremos cuáles son sus competencias como integrantes del Poder Judicial y cuáles no.

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Lo que está en el centro del debate es cómo se debe interpretar el inciso 3 del artículo 152 de la Constitución provincial, en donde se establecen las condiciones para integrar el máximo tribunal y exige 10 años del ejercicio de la abogacía, algo que según los senadores de la oposición Teresa Day no cumplía y por eso llevaron la discusión hasta la misma Suprema Corte.

En su dictamen, Gullé cuestiona primero lo que considera la discusión de fondo, que es la división de poderes establecidos en la Constitución y las atribuciones que cada uno tiene: "Ser el intérprete último de las normas constitucionales locales, no tiene la implicancia de avanzar sobre el “cómo” y el “hasta dónde” deben ejercer los otros poderes las facultades exclusivas otorgadas por la Constitución provincial", resalta a la hora de recordar que quien tiene las facultades para decidir si un postulante cumple los requisitos para integrar la Suprema Corte es el Senado de la provincia y no el Poder Judicial.

A párrafo seguido Gullé advierte que "una extralimitación de actos reservados a otros poderes, transforma en arbitraria la decisión a la que se arribe" y concede que la revisión judicial es clave cuando se haya detectado que alguno de los otros poderes violó una norma.

Para resaltar aún más esta incompetencia de la Justicia en este caso, Gullé invirtió la situación de Day y se preguntó: ¿Podría la persona postulada para ocupar un cargo de juez, a quien el Senado le rechazó el acuerdo -mediante voto negativo- por entender que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, interponer una acción judicial tendiente a que se declare que en realidad sí los cumple, solicitando se deje sin efecto el voto negativo del Senado y exigiendo se vuelva a votar a la luz de la interpretación que ahora determine un tribunal?" su propia respuesta fue negativa, argumentando que es imposible dejar sin efecto un acto de exclusiva incumbencia de otro poder si no se violó la ley.

"La Suprema Corte sólo puede revisar la legalidad del acto, es decir, si se cumplió con las etapas y las formas previstas en la ley, pero en ningún caso puede pronunciarse sobre la decisión adoptada por el Cuerpo, porque su pronunciamiento es irrevisable e inimpugnable, salvo que se haya incurrido en delito", opinó Gullé en su dictamen.

Day "tiene los años de ejercicio exigidos"

Al referirse al requisito de contar con 10 años de ejercicio de la abogacía, que establece la Constitución, Gullé dejó claro que ejercer la abogacía "no es sólo litigar" y remarcó: "Quien se desempeña en un cargo para el cual se requiere dicho título, también está ejerciendo su profesión, sea a través de su tarea como funcionario, asesor, mediador o cualquier otra actividad que requiera el conocimiento del derecho".

En su opinión leer en ese artículo que el ejercicio de la abogacía es sólo litigar es un reduccionismo. "Entiendo que se está haciendo decir a nuestra Constitución algo que ella no expresa, o peor aún, se está interpretando, sin fundamento plausible alguno, la implicancia del “ejercicio profesional” circunscribiéndolo exclusivamente a una sola de las actividades que puede realizar un abogado", refutó Gullé.

En sus conclusión entonces sostuvo que cumplir con el requisito del artículo 152 de la Carta Magna provincial alude al ejercicio profesional de la abogacía e "importa desplegar durante 10 años como mínimo, cualquiera de las actividades que la Resolución 1560/80 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en función con la ley 22.207, prevé como incumbencia de los egresados de las carreras de abogacía, no acotándose al ejercicio liberal de la profesión o abogacía libre, e incluyendo a la denominada abogacía de Estado (funciones en cargos judiciales, asesoramiento al Estado, etc.)".