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El manual de errores no forzados de Alberto Fernández

La realidad, de por sí adversa, se agrava por la gestión del gobierno nacional

Concluye la que quizás ha sido la semana más desafortunada de Alberto Fernández en el poder. Peor aún que aquélla en la que tuvo que hacer renunciar a su ministro de Salud, porque al escándalo de los vacunados de privilegio que no se ha disuelto de la memoria colectiva, se le acumulan las malas acciones y decisiones de los últimos días.

Para agravar las cosas, el jueves se conoció un número récord en el último año y medio de la inflación de marzo. Un 4,8 por ciento donde los rubros alimentos y bebidas, y gastos en salud siguen golpeando a la sociedad y castigando con crueldad a los franjas más pobres.

El valor de marzo da cuenta del error de proyección del equipo económico que estableció un 29 por ciento en el presupuesto, que ya en el primer trimestre se vislumbra como de imposible cumplimiento. No solo quiebra la meta de referencia para el resto de las variables, como la actualización de los salarios o los acuerdos contractuales, sino que devalúa la credibilidad del Ministerio de Economía que debe batallar en diversos frentes con suma debilidad.

En el peor de los climas, tanto en lo económico como en lo político, la semana termina con otro incremento del seis por ciento, de los combustibles, que no será el último antes de las elecciones. Y ya se sabe cómo incide en los costos ese insumo que inmediatamente impacta en los precios.

La suba de las commodities podrían significar el viento de cola que impulse la economía nacional, con ingresos extraordinarios por exportaciones. El problema es que son demasiados los desbarajustes en la macroeconomía, con un déficit fiscal que no cesa, y vencimientos de deuda que acucian. El 31 de mayo debería cancelarse 2.400 millones de dólares con el Club de París, y los acreedores europeos ya avisaron que no aceptarán una renegociación sin un acuerdo con el FMI.

Encima, el Gobierno está apuntando a la bonanza de los precios internacionales como responsables de las subas en el mercado interno. Las recetas que está promoviendo para contener los precios en las góndolas son más de lo mismo que nunca dejaron de ser un paliativo de corto plazo y con efectos en términos de faltantes y desabastecimiento.

La intervención directa del Estado es una alternativa a mano para productos puntuales y en situaciones ocasionales que sirven como instrumentos de corrección en mercados distorsionados. La planificación en la cadena de valor es una herramienta que solo puede resultar virtuosa en algún sector, siempre que no se la tome como política general antiinflacionaria, indica la historia argentina y lo señalan especialistas económicos de distinto palo.

Una de las iniciativas busca congelar precios de insumos industriales para estabilizar los costos de las alimenticias. Una medida que necesariamente debe ser acompañada por políticas macro estructurales para que no se convierta en una olla a presión. Las entidades del campo ya pusieron el grito en el cielo por el anuncio de la reinstauración del Registro de Exportaciones, en este caso para la carne, por resultar contraproducentes para la producción y el empleo.

"A la inflación se la debe atacar por sus verdaderas causas, no por sus efectos. La causa de la inflación, incluido el aumento de los precios de los alimentos, es el exceso de emisión monetaria como consecuencia de un gasto público galopante y de baja calidad, producto a su vez de un Estado sobredimensionado e ineficaz", reza el comunicado emitido por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.

Coinciden los analistas en que el Gobierno no ha diseñado un plan económico que trace un rumbo y apunte a las causas múltiples de la inflación, ni siente las bases de un crecimiento sostenido. Algo que también adoleció el gobierno de Macri y que le costó la reelección. El impacto directo es el incremento incesante de la pobreza.

A su vez, la estrategia oficial de cierre de las actividades para atenuar los estragos de la pandemia amenaza con un mayor gasto estatal para paliar los efectos de la parálisis en los sectores alcanzados por las medidas.

Lamento tardío

Hoy el Presidente anda disculpándose sobre sus dichos ofensivos y recurre a la remanida frase de "tergiversaron mis palabras".

Aclara Alberto Fernández que usó el término "relajamiento" del sistema sanitario porque se habilitaron prácticas quirúrgicas no urgentes aumentando peligrosamente la ocupación de camas. Y otra vez culpó a "sectores políticos y medios de comunicación opositores".

Los médicos no fueron los únicos ofendidos por las palabras presidenciales cuando habló para anunciar el cierre de las clases presenciales en el AMBA. Una frase sobre "chicos con capacidades diferentes" motivó la reacción de familiares y organizaciones.

La palabra del Presidente de la Nación tiene un carácter oficial y documental, y no puede quedar librada a la ocurrencia espontánea como suele suceder con algunas intervenciones de Alberto Fernández, lo que también lo ha llevado a controversias innecesarias con mandatarios extranjeros.

En cuanto al cierre temporario de las escuelas, se trata de una medida que genera defensores y detractores, y cada cual esgrime sus argumentos. El tema es que venimos de un año completo de parálisis de la educación presencial con sus graves secuelas. Además, la propias cifras oficiales dan cuenta de un mínimo de contagios de integrantes del sistema educativo que se encuentra por debajo del uno por ciento, y que no necesariamente tuvieron contacto con el virus dentro de los establecimientos.

Pero más allá de las posiciones a favor y en contra, lo lesivo es el procedimiento para la toma de decisiones. Si bien es el Presidente quien debe tener la última palabra, tomó la medida provocando una desautorización letal para su ministro de Educación, Nicolás Trotta, y debilitó la autoridad de la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Una torpeza política imperdonable para alguien con la experiencia de Fernández, quien fue dos veces Jefe de Gabinete.

De paso rompió con la mejor tradición que había dejado el año inaugural de la pandemia, cuando cada anuncio lo hacía acompañado por Axel Kicillof y el prominente opositor Rodríguez Larreta. Esta vez lo dejó fuera de juego al Jefe de Gobierno Porteño, quien salió con fuerza a defender sus posición y llevar el tema de la presencialidad a la Corte.

La forma en que se movió Alberto Fernández le ofrece un escenario de referencia opositora inestimable a un presidenciable y lo expone a la crítica sin contemplaciones de todo Juntos por el Cambio.

El hecho de que no sea acompañado por medidas similares por los gobernadores de su signo político, coloca al Presidente como un ejecutor de los que le dictan Axel y Cristina.

Puestos en los zapatos de Fernández, cualquier acción o inacción en torno del combate a la pandemia puede resultar controvertida. Justamente por eso, hay que esgrimir toda la destreza política para lograr un consenso básico que alcance a la población y a los sectores involucrados, que no lesione a su gabinete, y que sirva de blindaje a las críticas opositoras.

La situación al límite

Los casos explotaron en Mendoza, pero Rodolfo Suarez sigue apostando a una limitación muy parcial de la circulación con la confianza depositada en la responsabilidad de la población.

El peronismo lo ha tratado de demagogo y pide el cierre de las escuelas como medida temporaria, mientras el SUTE lo responsabiliza por las muertes a causa de la educación presencial.

Basados en las cifras oficiales del circuito de los contagios, el Gobierno local indica que no hay justificativos para dejar la presencialidad, mientras toma medidas para descomprimir los horarios pico del transporte de pasajeros.

Hasta el momento sólo el 25 por ciento de los docentes se ha aplicado la primera dosis, pero las autoridades esperan que crezca la provisión de vacunas para evitar el regreso a la virtualidad y el cierre de las actividades.

Con un sistema sanitario al límite de la saturación, todo parece una carrera contra el tiempo plagada de obstáculos, donde la clave está más cerca del comportamiento de la sociedad que del propio Gobierno.

Un dato positivo dejó la semana, más allá de los cruces entre oficialismo y oposición. Los partidos mayoritarios fueron capaces de ponerse de acuerdo en la participación del Estado en IMPSA, la empresa distintiva de Mendoza de la que dependen numerosas pequeñas y medianas empresas. Es un paso que apuntala a una compañía que está a la vanguardia de la innovación y el conocimiento.

El acuerdo entre oficialismo y oposición en una decisión estratégica es una buena señal que puede marcar un rumbo para las grandes cosas de la Provincia.

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