Durante su suspensión, el juez Sebastián Sarmiento percibirá el 50% de su sueldo.
Foto: Axel Lloret / Diario Uno
El juez penal Sebastián Sarmiento, suspendido el pasado 11 de diciembre de manera preventiva y enviado a juicio político por el Jury de Enjuiciamiento, emitió un comunicado este jueves en el que cuestionó la decisión del organismo, aludiendo a la falta de consideración de pruebas clave y a posibles irregularidades en el procedimiento.
En su descargo, el magistrado afirmó haber mantenido una actitud de colaboración y apego institucional.
No obstante, señaló que la resolución fue adoptada sin considerar pruebas fundamentales ofrecidas por su defensa, destinadas a contextualizar adecuadamente las decisiones cuestionadas y a desvirtuar los hechos alegados.
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Foto: Axel Lloret / Diario Uno
Las pruebas que se omitieron para el juez Sebastián Sarmiento
Estas pruebas incluían informes estadísticos sobre su desempeño desde 2018, antecedentes jurisprudenciales coincidentes con sus criterios, informes institucionales del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario, así como testimonios técnicos de magistrados y especialistas del fuero.
Según Sarmiento, hasta el momento, estos elementos no han sido incorporados ni valorados, pese a su relevancia para una decisión debidamente fundada.
Además informó que formuló un planteo de nulidad de carácter técnico contra el acta del Jury que dispuso la continuidad del juicio y su suspensión preventiva. Argumentó que dicho instrumento no consigna de manera expresa los fundamentos de la decisión adoptada ni el voto individual de cada uno de los miembros, extremos que la normativa aplicable exige para actos de esta trascendencia institucional.
El juez, que fue suspendido por 13 votos contra 8 tras denuncias relacionadas con sus fallos sobre el uso de celulares en cárceles y libertades anticipadas -como el caso de Roberto Pereyra Cruz, quien luego asesinó al policía retirado Héctor Pelayes-, destacó en su comunicado que en los casos analizados el Ministerio Público Fiscal no promovió objeciones oportunas e incluso, en uno de ellos, prestó conformidad expresa para el otorgamiento de la libertad anticipada.
Concluyó su comunicado reiterando la importancia de la preservación de la independencia judicial y el pleno respeto del debido proceso, advirtiendo que su inobservancia podría generar responsabilidad internacional para el Estado, citando referencias de organismos internacionales de derechos humanos.
Durante su suspensión, el juez Sebastián Sarmiento percibirá el 50% de su sueldo y el juicio político en su contra se desarrollará durante el 2026, fecha aún a determinar por el Jury de Enjuiciamiento.
