El gobierno de Rodolfo Suarez ya designó al jefe de la Policía, Marcelo Calipo, como su representante en el comando nacional antisaqueos. Es el nuevo organismo que impulsa el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y aunque la decisión aún no fue oficializada, contaron a Diario UNO que será él quien ocupe el rol, tras su tarea en una semana compleja y ante un fin de año que podría ser de los más desafiantes que haya vivido la gestión. Los detalles judiciales de los investigados, la mano política que asoma en los desmanes y cómo encararán los próximos meses.
El trasfondo de la investigación
El Gobierno puso a Calipo en el comando nacional antisaqueos e hizo balance tras la semana de furia
El jefe de la Policía es el designado, aunque no hay anuncio oficial. Los llamados que recibió Suarez desde Buenos Aires y qué se espera esta semana. Diez presos ya tienen abogados y piden su libertad
Rodolfo Suarez, el ministro de Seguridad Raúil Levrino y el jefe de la Policía, Marcelo Calipo.
Las balas de goma zumbaban a lo largo de la calle Álvarez Condarco, en pleno Las Heras. Los vecinos las observaban por la ventana. De un lado, una parva de entre cincuenta y cien manifestantes, allegados a los detenidos en el robo que desvalijó una carnicería, y que pedían por su libertad. A sus espaldas, la entrada del barrio Santa Teresita, una suerte de epicentro para los hechos violentos de estos días. En frente los esperaba casi un centenar de policías armados y dispuestos a detener. Detrás de ellos, la intersección con calle Independencia y una empresa de nombre más que sugerente: "Ferretería 2001".
Fue sólo una de las postales que dejó la semana de furia en Mendoza, pero fue una de las más llamativas, junto con la barricada en plena ruta 40, el hombre que "amuralló" su comercio con palets de ladrillo para que no lo saquearan, o la carnicería completamente vaciada. Todas ellas se complementaron con las otras imágenes que dejaron estas jornadas; su contraparte: decenas y decenas de presuntos delincuentes esposados, bajando de vehículos policiales. Muchos de ellos, para ser trasladados directo a la cárcel.
Fue uno de los hitos que valoró Suarez junto a su equipo, y que hasta le valió elogios de opositores, como dirigentes del Gobierno nacional y el propio intendente Martín Aveiro, uno de los damnificados. Al frente, además del trabajo de los fiscales, y de miles de efectivos que le pusieron el cuerpo a las piedras, las armas y las amenazas, estuvieron el ministro Raúl Levrino y el mencionado Marcelo Calipo, a quien se dispuso como referente para coordinar con Nación las próximas estrategias federales antisaqueo.
"En realidad, la conformación del Comando Unificado que dispusieron en Buenos Aires se da ante esta situación nacional. Se trabaja de forma macro, digamos, pero tiene más que ver con intercambiar información", explicaron desde Casa de Gobierno. El dato central es que a lo que pase en las calles de la provincia, lo seguirían manejando en su totalidad las fuerzas locales.
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Cómo coordinarán con Aníbal Fernández y el resto del país
Lo que espera la provincia con respecto a esa nueva unidad es que haya reuniones pronto. Por el momento no trascendió de qué tratará su funcionamiento (más allá de lo que expresó la normativa, con firma de Aníbal Fernández en el Boletín Oficial). Sin embargo, en el Ejecutivo de Mendoza entienden que les exigirá remitir información, para a su vez beneficiarse con los datos que puedan llegar desde otras jurisdicciones. Con esos panoramas, la cartera nacional podrá nutrir sus planes si el conflicto continúa o empeora.
En realidad, en el Barrio Cívico ya tienen bastante contacto con la cartera. El vínculo constante es más que nada con Mercedes La Gioiosa, quien está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. Estuvo el viernes con Sergio Massa en Rosario, uno de los puntos más calientes del país en términos de inseguridad. Ella es quien mantiene diálogos con los funcionarios locales. Según contaron desde adentro, la idea de este nuevo cuerpo es que Mendoza continúe enviando información sobre cómo se mueven los grupos que producen los disturbios y cuáles son sus características centrales.
"Básicamente, la solicitud por ahora es que mostremos cuántos son, si se los detiene y de qué manera avanzan sus causas en la Justicia; si están organizados o no, y quiénes manejan los grupos", expresaron ante la consulta de este medio. Ese último dato es central de cara a la próxima semana, porque las comunidades de Whatsapp fueron las que terminaron generando casi todas las revueltas. Y en los días que siguen terminrán de "abrir" celulares de instigadores.
Por otro lado, en Capital Federal, y a partir de esta entidad de la que participarán Sergio Berni y Eugenio Burzaco (ministros de Seguridad de Provincia de Buenos Aires y CABA), también aguardan que sus pares mendocinos les remitan dos series de información más: la metodología de los ataques (si cortan rutas, si entran a los supermercados o a los negocios pequeños, etcétera) y si suelen movilizarse o son más bien expresiones que se centran en un foco geográfico. De esas investigaciones ya han surgido detalles importantes. "Por ejemplo, que en Córdoba había gente de La Pampa impulsando los desmanes de Río Cuarto. Por ahora en Mendoza no tenemos gente de otras provincias, según lo que hemos visto", lanzaron.
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Las primeras horas de tensión
A Suarez y equipo las primeras señales le llegaron entre el jueves 17 por la noche y el viernes a la mañana. Se filtraron mensajes de texto que dos ciudadanos de Rivadavia empezaron a distribuir y que llamaban a ingresar por la fuerza a distintos lugares, según trascendió. Los primeros instigadores estaban ahí: se llaman, por lo menos de acuerdo a la acusación, Tiago Cornejo y Brian Ezequiel Gil. Fueron los primeros. Después el Ministerio Público Fiscal avanzó sobre otro ciudadano en Tupungato y dos más en Guaymallén. Estos últimos fueron los que habrían hecho que un grupo de menores saqueara el Vea de calles Godoy Cruz y Avellaneda, en Guaymallén.
Rápidamente hubo reuniones y llamados desde el Cuarto Piso de Casa de Gobierno. Se cruzaron líneas con el Ministerio de Salud y con Desarrollo Social, que remitió reportes sobre las zonas con más vulnerabilidad y con mayores necesidades, dado que la mayoría de los reclamos tenían como trasfondo a la compleja situación económica de las familias. Además, esa cartera no piensa comunicarlo, pero la idea del Ejecutivo es reforzar las partidas en los puntos "calientes".
A principios de semana la situación ya había escalado. Se había dado el saqueo de dos carnicerías -no una, aclararon- en Las Heras: Parrillada 13 y Carnes Mignani, cuyo dueño dijo estar pensando en no volver a abrir jamás. Por esas horas, Suarez recibió el llamado de Sergio Massa, quien se puso a disposición del gobernador para avanzar con distintas políticas en torno a lo ocurrido.
Después, esas ideas fueron tomando forma: todavía estaba en Washington negociando con el FMI el ministro, cuando a través de la cartera de Industria se anunció que habría un resarcimiento para los empresarios víctimas de robos en manada y saqueos. Recién esta semana se sabrá quiénes son los mendocinos que puedan quedar dentro de ese programa. Y este sábado por la tarde llegó otra de las novedades: el candidato a presidente decidió que quienes hayan participado de los disturbios, y cobren planes sociales, se quedarán sin ellos. En los próximos días se sabrá cómo impacta en la provincia.
Sin embargo, hubo otra comunicación que no se difundió tanto, pero que también ocurrió por aquellas horas: Aníbal Fernández también tomó el "tubo" y marcó el número del sancarlino. Horas antes ya había ponderado su tarea ante la consulta de medios nacionales. Según supo UNO, fueron los dos vínculos que hubo por estos días con Nación. No habrían existido llamados del Presidente.
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Abren los celulares
La semana va a ser movida en términos judiciales. En primer lugar, porque son varios los que esperan, tanto en el Gobierno como en el Palacio de Justicia, que haya más detenidos en estos días. Tanto por haber enviado mensajes, como por haber participado de las revueltas. En segundo lugar, va a tener remezones porque se esperan todos los pedidos de liberación para las decenas de presuntos delincuentes que están presos.
El dato le llegó a UNO en las últimas horas: hasta la tarde del sábado, ya eran 10 los detenidos entre San Felipe y la cárcel de El Borbollón que ya tenían abogados particulares, prestos a solicitar que sacaran a la calle a sus clientes. Todos tienen antecedentes penales, explicaron a este diario, por lo que la solicitud no será tan sencilla de cumplir, "aunque ahora todo depende de los jueces, que pueden cambiar las carátulas en algún caso particular".
Para conocer el contenido de los teléfonos celulares falta un poco más. Lo que pasará antes del viernes es que lleguen las solicitudes a los magistrados. Si autorizan, terminarán de "abrirse" esos dispositivos para saber, en primer lugar, si alguien mandaba a los instigadores o si actuaron por motu proprio. Afirman que normalmente la Justicia no se opone a esas aperturas, pero sí que el trámite puede llegar a demorar.
Lo que creen en el Gobierno es que hay una mano política. A seis días de las elecciones, a pocos sorprendería que así fuese. Aunque no hay detalles precisos por el momento, sí hay indicios que llevan a varios a sospechar. Datos que tanto en los ministerios como en las distintas fiscalías parecen, como mínimo, extrañas. Por ejemplo, que en Tunuyán se hiciera un pedido al municipio un lunes feriado, o que entre las solicitudes (esto trascendió) se pidieran "cortes de carne y pescado" en lugar de los clásicos bolsones de alimento. Como se dijo, extraño.
Por último, la Udapif (Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal) está detrás de las pesquisas para saber si Raúl Castells tuvo que ver con los hechos en la provincia. Él mismo, no sólo se los adjudicó, sino que le ofreció una balanza como compensación a uno de los empresarios desvalijados (éste "se la tiró por la cabeza", dicho en criollo). Sin embargo, no han encontrado ni un elemento para sospechar de Castells por ahora, de acuerdo a lo que averiguó este diario.
Ni un sólo vínculo hallado, pero seguirán buscando. Los fiscales de Mendoza creen que, más que nada, el barbudo piquetero quiso simplemente volver a tener sus quince minutos de fama.
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