El Fiscal General de Venezuela informó este viernes que el gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo, preso en ese país desde el 8 de diciembre, fue procesado por "acciones subversivas, terroristas y desestabilizadoras"
El dictamen lleva la firma del Fiscal General venezolano Tarek William Saab, quien implicó al gendarme que trabaja en Uspallata en planes desestabilizadores junto con el Gobierno de Javier Milei y el apoyo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
El domingo 22 de diciembre, cuando Gallo cumplía 14 días de detención en Venezuela, ese tribunal federal le exigió al Gobierno de Nicolás Maduro que "informe de inmediato el paradero del gendarme y lo ponga a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para que se defienda y se contacte con familiares"
El comunicado de Venezuela sobre el gendarme
El comunicado oficial de la Fiscalía General de Venezuela que circuló este viernes pasado el mediodía lleva por título "Gendarme argentino se encuentra procesado por vinculación con acciones terroristas en Venezuela" y la firma de Tarek William Saab.
Da cuenta de que se cumplieron "los plazos procesales correspondientes" y que se llegó a la conclusión de que el gendarme argentino "intentó ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una situación sentimental". Así consideraron desde Venezuela que Gallo haya ingresado a Venezuela el 8 de diciembre vía Colombia (antes Chile y Mendoza) para visitar a la esposa, María Gómez, y al pequeño hijo de ambos, quienes lo esperaban para las fiestas de Fin de Año".
Se investiga en tierras de Nicolás Maduro, según el comunicado oficial, "la vinculación del gendarme argentino Agustín Gallo con un grupo de personas de ultraderecha para ejecutar acciones desestabilizadoras y terroristas en nuestro país".
La detención y procesamiento, explicaron, apunta a "preservar la paz y defender la soberanía".
El caso del gendarme, en la CIDH
Por la detención del gendarme argentino en Venezuela, 24 abogados de Mendoza, de otras provincias argentinas y del exterior presentaron una medida cautelar y demandaron al Gobierno de Venezuela bajo la calificación legal de "desaparición forzosa", ya que el gendarme fue capturado por fuerzas de seguridad apenas pisó ese territorio caribeño.
También hubo picotazos políticos en Argentina entre el Gobierno de Milei y el kirchnerismo; incluso entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.





