El fiscal de Estado dictaminó por Potasio Río Colorado y pidió aclaraciones previo al decreto final
El fiscal de Estado Fernando Simón analizó el proceso de traspaso de acciones a la Compañía Minera Aguilar SA y la firma del contrato para la operación de la mina. El decreto de Suarez deberá ir a la Legislatura
La mina de Potasio Río Colorado está ubicada en Malargüe.
El fiscal de Estado, Fernando Simón, analizó el proceso de traspaso del 88% de las acciones dePotasio Río Colorado SA a la Compañía Minera Aguilar SA y la firma del contrato con la empresa argentino-brasileña para la puesta en marcha de la mina ubicada en Malargüe. La Dirección de Asuntos Administrativos hizo una serie de pedidos a Rodolfo Suarez antes de que se emita el decreto final.
Mediante el dictamen Nº 1.464/23hizo foco en la confidencialidad que rige para las operaciones que concretó el Gobierno con la minera y pidió que, así como se incorporó a los acuerdos el plazo de 5 años (que originalmente no tenía) para la confidencialidad de la información por sugerencia de la propia Fiscalía de Estado, que ese "secreto" sea justificado y encuadrado legalmente.
En el escrito también se recuerda que para que los convenios y posterior decreto ratificador entren en vigencia deben pasar por la Legislatura provincial para ser aprobados.
A lo largo del proceso de selección de un socio para Potasio Río Colorado SA, Emilio Guiñazú Fader, gerente de la empresa estatal, hizo foco en muchas ocasiones a la necesidad de respetar acuerdos de confidencialidad que se iban firmando etapa tras etapa.
Para resguardar la transparencia de ese proceso, fue la Fiscalía de Estado la encargada de ir monitoreando esos pasos y esta semana emitió un dictamen final respecto del contrato de traspaso de acciones y operación de la mina que se firmó con la empresa seleccionada: Compañía Minera Aguilar SA y el grupo brasileño ARG.
Adecuarse a ese dictamen es un requisito previo a la publicación del decreto de Rodolfo Suarez, que tiene por objeto ratificar el procedimiento de búsqueda de inversiones (M&A - Andrómeda); la aprobación de la cesión de derechos de la transferencia del 12% de las acciones que quedan para la Provincia y pasan de PRC SAU a la nueva empresa estatal Impulsa Mendoza; y la aprobación del acuerdo de transferencia del restante 88% suscripto por la Provincia y por Minera Aguilar Potasio SA.
Entre las conclusiones que efectuó el fiscal de Estado Simón tras analizar las cláusulas más relevantes del convenio de compraventa de las acciones se encuentra que en los proyectos originales, tanto de ese contrato como el de su acuerdo complementario, se acordó mantener la confidencialidad de la información derivada de esos instrumentos sin mencionarse por cuánto tiempo.
Esa falta de plazo, cuestionada en su momento por la Fiscalía de Estado, fue salvada por las partes, que finalmente acordaron por escrito que se mantendría el "secreto" por 5 años desde la firma; pero lo que faltó fue, además, justificar el por qué de ese "secreto" y encuadrarlo legalmente: "Para disponer la confidencialidad de las actuaciones, es necesario fundarla suficientemente (en especial cuando la misma se mantiene después de la fecha de cierre y ratificación legislativa)".
Sobre Potasio Río Colorado
La Fiscalía destacó también en el dictamen que "es necesaria e imprescindible la intervención de la Honorable Legislatura para ratificar el objeto del convenio mediante la sanción de la ley y dotar de vigencia y eficacia la operatoria".
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Vista aérea de las instalaciones de la explotación minera de Potasio Río Colorado, que fue visitada por una comitiva de Asinmet, en vista de futuras colaboraciones en el desarrollo.
Otro de los pedidos es sobre las previsiones sobre "anticorrupción" que debe cumplir la adjudicataria y que tienen que ver con la presentación de un Programa de Integridad.
En tanto que también pidió el fiscal que se incorporen en los considerandos del proyecto de decreto más precisiones sobre los antecedentes o hitos más relevantes del proceso que llevó a cabo PRC SA desde la búsqueda de un socio hasta la firma del contrato.
En particular sobre el acuerdo complementario por el traspaso de acciones, el fiscal de Estado marcó además una serie de inquietudes que pide que sean merituadas. Las mismas refieren a las cláusulas sobre la liberación de Vale de cumplir con obligaciones de indemnidad en caso de incumplimientos del nuevo socio.
En definitiva, no hay rechazo del órgano de control sobre el proceso de selección del nuevo socio de PRC, pero Rodolfo Suarez deberá tener en cuenta todas las recomendaciones establecidas para seguir avanzando.
