La cúpula del Poder Judicial dedica parte de su trabajo en este inédito enero de 2021 a profundizar un anhelo tan viejo como urgente: la digitalización de los expedientes y la consiguiente y paulatina desaparición del soporte papel en los tribunales.

A esta hora, la agenda de la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia, que administra los recursos humanos, técnicos y financieros, está cargada de temas. Sin embargo, hay uno que está al tope: la cuestión digital para agilizar los procesos y plazos de administración de justicia aprovechando la rapidez de la informática.

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La cuestión digital implica dos ítem muy potentes y estrechamente vinculados entre sí: la puesta a punto de la mejor versión posible del sistema de consulta de expedientes Iurix y la compra de computadoras y equipamiento informático para ser destinado a tribunales de diversos fueros en las cuatro circunscripciones judiciales.

Alcanzar este doble objetivo es indispensable para que la Corte cumpla su parte del acuerdo firmado a fines del año pasado con la Federación de Abogados y Procuradores de Mendoza para que los pleitos civiles sean 100% digitales.

Más allá de la comprometida prueba piloto que involucra a los fueros Civil y Laboral, el plan de la Corte es que todos los abogados tengan acceso a la plataforma Iurix para la presentación de escritos a partir de febrero, cuando los tribunales vuelvan a funcionar prácticamente a pleno -dentro de lo que permita la pandemia de coronavirus-.

Otros pendientes

Infraestructura y recursos humanos para el funcionamiento de los tribunales son otros temas que ocupan la atención de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia.

El primer punto incluye el Polo Judicial Penal, cuya construcción comenzó en 2018 y contempla la habilitación tres edificios para la Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal y albergar a detenidos y aprehendidos.

La pandemia de 2020 y algunas cuestiones presupuestarias que surgieron durante 2019 retrasaron la fecha de la mudanza que inicialmente había sido fijada para 2019/2020.

El segundo punto está atado -aunque parcialmente- a la renuncia por jubilación de más de una veintena de magistrados que aun siguen en funciones porque ANSES no les otorga ese beneficio.