Argumentando que en medio de la cuarentena por coronavirus son miles los trabajadores que desarrollan sus actividades económicas y educativas por internet o incluso por telefonía móvil, el diputado provincial Jorge Difonso lideró un proyecto para que ambos servicios sean declarados como servicios públicos, de manera tal de que el Estado pueda regular y garantizar la prestación. La iniciativa, fue aprobada en Diputados el miércoles de esta semana, y aspira a que se trate en el Congreso de la Nación.

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"El servicio de la telefonía fija es un servicio público, cosa que no ocurre con la telefonía móvil e internet, cuando en realidad no existen diferencias notables. Es más:el sistema de telefonía fija prácticamente ha sido reemplazado por el móvil e internet. El hecho de que se declare como servicio público implica que el Estado tiene injerencia en el precio, la accesibilidad, la prestación y demás", explicó el legislador del Frente Renovador.

Según deja constancia Difonso, tanto en la provincia como en el país hubo fallidos intentos que buscaron declarar la telefonía móvil como un servicio público, y al no tener esta categoría, la telefonía celular se mantiene en la esfera del derecho privado, generando un sinfin "de conflictos respecto a la contratación (por adhesión) conductas oligopólicas, altas tarifas y baja calidad".

Pero más allá de lo que ocurrió anteriormente, el ex intendente sancarlino entiende que en contexto de pandemia, es fundamental que estos servicios sean declarados servicios públicos "esenciales y estratégicos para que la educación, el trabajo y las relaciones familiares no sean afectadas. Por medio de los medios tecnológicos de comunicación (llamadas, videoconferencias, mensajes, correo electrónico, redes sociales, Zoom, etcétera) se garantizan derechos de nuestra población".

La iniciativa pretende que los abonos sean considerados tarifas públicas, sujetos a audiencias públicas y demás controles participativos tendientes a conseguir precios justos y razonables.

Para ello se apoya en fallos y jurisprudencia en los que se considera a internet y la telefonía móvil un Servicio Esencial. "Ello en virtud de su propia naturaleza, de la necesaria continuidad de su prestación en el tiempo, de que debe ser regular, manteniendo un estándar mínimo de calidad y necesariamente su acceso debe darse en condiciones de igualdad. Nuestra doctrina manifiesta que Servicio Público es aquella actividad propia del Estado, de prestación positiva, con la cual se asegura la ejecución regular y continua, por su parte o por delegación, de un servicio indispensable para la vida social", concluye.

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