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Cuál es el plan del Gobierno para bajar la judicialización de causas civiles

El gobernador Rodolfo Suarez, con el aporte del subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, busca crear las oficinas de conciliación civil y comercial

La experiencia de las Oficinas de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO) les dio el impulso. Con esas conciliaciones, dicen las estadísticas oficiales, se logró bajar un 50% la judicialización de aquellos litigios laborales y eso es justamente lo que se pretende replicar en el ámbito civil y comercial. Si bien Rodolfo Suarez ya tiene el anteproyecto que mandará a la Legislatura según lo adelantó en su discurso del 1 de Mayo, el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino ya comenzó a testearlo con abogados y jueces.

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El pasado miércoles, D'Agostino y su par Nicolás Egües se reunieron con referentes del Colegio de Abogados, para analizar los alcances del anteproyecto que busca impulsar Suarez en la Casa de las Leyes. Luego será el turno de los jueces del ámbito Civil y Comercial y la Asociación de Magistrados. La estrategia es testearlo con los inmediatos interesados para recibir los aportes y cuestionamientos antes de que arribe a la Legislatura.

"La intención del Poder Ejecutivo de avanzar con la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos para evitar su judicialización. Acercar herramientas útiles para optimizar aquellos mecanismos que ayuden a mejorar el servicio de Justicia para el ciudadano mendocino como en su momento lo fue la oralidad", resaltó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

El anteproyecto supone que se haga un concurso para conformar un cuerpo de abogados que serán los abocados a la conciliación. Una vez que se haya conformado, cuando se presente una demanda por una causa civil, como puede ser el incumplimiento de un contrato de alquiler por ejemplo, las partes obligatoriamente deberán acudir a estas oficinas de conciliación. Allí, si las partes llegan a un acuerdo, este se homologa para evitar posibles futuras demandas.

Con esto se pretende bajar el alto índice de litigiosidad que se da actualmente en el ámbito civil y comercial de la provincia.

"El procedimiento con estas oficinas deberá garantizar imparcialidad, confidencialidad, comunicación directa entre las partes, satisfactoria composición de intereses, consentimiento informado, celeridad del trámite y libre disponibilidad para concluir el proceso. Además el sistema es autosustentable porque los gastos saldrán de un fondo creado para tal fin", describió D'Agostino.

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