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Por otro lado, desde el Ejecutivo resaltaron que el decreto cuestionado fue ratificado legislativamente por la Ley Nº 9640, sancionada por ambas Cámaras y promulgada en tiempo y forma.
“De acuerdo con el principio de jerarquía normativa, el acto administrativo ratificado adquiere fuerza de ley; por consiguiente, la vía procedimental pertinente para cuestionarlo deviene abstracta en sede administrativa, correspondiendo, en todo caso, promover la acción de inconstitucionalidad de la Ley ratificatoria”, señalaron en los fundamentos del rechazo.
El acuerdo con Vialidad Nacional fue respaldado por Fiscalía de Estado
Además de rechazar de plano el planteo del Partido Verde, desde el Gobierno recordaron que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado emitieron distintos dictámenes favorables sobre el convenio con Vialidad Nacional, sin observar objeciones sobre competencia, forma, objeto o motivación.
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Entre las obras de las rutas nacionales de las que se hará cargo el Gobierno de Mendoza está la tercera trocha del Acceso Sur (ruta 40) entre Paso y Azcuénaga en Luján de Cuyo.
“La exposición de motivos del Decreto alude a la urgencia de intervenir tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, la falta de respuesta adecuada del Estado Nacional y la necesidad de resguardar la seguridad vial y el interés público”, argumentaron.
Desde el ministerio de Gobierno, del que depende el área de Infraestructura, rescataron que el decreto de Cornejo que se había cuestionado “es una autorización operativa, de naturaleza puntual y temporal (36 meses), sujeta a la normativa técnica de la DNV y a su control constante".
E insistieron en que no supone "transferencia permanente de competencias ni reasignación estructural de recursos, requisitos sine qua non para que resulte aplicable el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional”.
Cómo avanzan los proyectos y cuándo comenzarían las obras
Si bien el convenio con Vialidad Nacional se firmó en mayo pasado, y allí Cornejo y su ministro de Gobierno, Natalio Mema acordaron reformar las rutas 7, 40 y 143 con los fondos del Resarcimiento (que iban a ser para Portezuelo del Viento), se planteó que la potestad para intervernir esas rutas sería de 36 meses.
Luego de ser ratificado en la Legislatura, en el Gobierno avanzaron con los proyectos ejecutivos con la intención de arrancar con las obras en paralelo.
Según confirmaron a Diario UNO, esos proyectos están finalizándose con lo que se prevé que se pueda lanzar la licitación entre octubre y noviembre.
