El diputado nacional Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley pidiendo que se convoque a una consulta popular vinculante con el fin que se vote por sí o por no al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Educación Sexual Integral.
Su par mendocina la diputada Jimena Latorre también acompaña la propuesta del ex gobernador.
La propuesta se hace pocos días después de que el presidente Alberto Fernández anunciara en la Asamblea del 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que enviará un proyecto de ley que propone la legalización del aborto.
La pregunta
La iniciativa en su articulado solicita convocar “al Pueblo de la Nación Argentina a consulta popular vinculante, en los términos y con los efectos del artículo 40, primer párrafo de la Constitución Nacional, a fin de que se vote por el sí o por el no al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo expediente número: 2810-D-2019, que como Anexo I forma parte de la presente ley, y bajo la siguiente pregunta: “¿Acepta la despenalización y regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Educación Sexual Integral, en los términos y condiciones del proyecto que tramita por expediente 2810-D-2019?”
La fecha de realización
En su artículo segundo expresa: “Dispóngase que la consulta popular convocada en el artículo precedente, deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la publicación de la presente ley.
El proyecto también sostiene que el Poder Ejecutivo Nacional deberá arbitrar los mecanismos para asegurar que la ciudadanía se informe y conozca sobre el tema.
Al explicar la iniciativa, los legisladores expresaron que “si bien existen algunos antecedentes de proyectos de consulta popular sobre la materia, es importante destacar que tal como prevé nuestra Carta Magna al consagrar esta herramienta de participación semidirecta, su finalidad es conocer la voluntad del electorado en temas de trascendental importancia y para ello la consulta tiene que encontrarse dotada de una imparcialidad tal que deje en aquel electorado la responsabilidad y atribución de expresarse conforme sus convicciones”.
En los fundamentos del proyecto difundido suman la palabra del constitucionalista Daniel Sabsay que explica: “la evolución constitucional en este siglo aconseja que la participación de los habitantes de la comunidad política en el proceso de toma de decisiones no debe limitarse al voto para la elección de representantes, pues se genera la consideración del gobierno como algo ajeno a la ciudadanía y se diluye la relación entre las decisiones colectivas y la voluntad de los afectados. La ausencia de participación impide que se desarrollen hábitos sociales de discusión, negociación y conciliación y permite que se conciba la democracia de designación de funcionarios y no como forma de organización estatal.” Destaca también el autor la nula utilización de los mecanismos de democracia semidirecta.
“Somos conscientes de que la sociedad ha hecho escuchar su voz, se ha involucrado de una u otra forma, ha tomado fervientes posturas para su defensa sin que de ello haya surgido una consenso social, sino y por el contrario, una marcada división que lleva la temática a una discusión binaria o dicotómica”, subrayó el ex gobernador de Mendoza y añadió que “en función de aquella marcada y radicalizada determinación social de dos posiciones una en favor y otra en contra de la regulación se encuentra ampliamente acreditado que es pertinente hace una llamado a consulta popular".