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Comienza el juicio político al juez de los $4,5 millones

El juez Antonio Sánchez Rey está acusado de beneficiarse con un acuerdo extrajudicial y de presionar a jueces para que lo legitimen y así cobrar por un accidente laboral

El juez Antonio Vicente Sánchez Rey, de 79 años, enfrenta desde este jueves el juicio político que pondría fin a casi 30 años de carrera en la Justicia Laboral.

Es el primer magistrado en ser juzgado de manera online en Mendoza por las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

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Sánchez Rey está acusado de cometer, en beneficio propio, dos de las causales de juicio político fijadas por la ley 4.970: mal desempeño de funciones y desorden de conducta, ambas en el ejercicio de la magistratura.

Anabel Orozco fue la última magistrada en ser sometida a juicio político: conocida públicamente como "la fiscal viajera" fue destituida en 2017 y la Corte confirmó el fallo.

El caso

Sánchez Rey fue denunciado en 2018 por la gestión Cornejo porque trató de beneficiarse legitimando en la Quinta Cámara del Trabajo -de la que forma parte- un acuerdo con una ART para cobrar $4,5 millones de indemnización por un accidente laboral. Un año antes se apretó un brazo con el portón del estacionamiento oficial.

Esto derivó en un escándalo: al menos una de sus compañeros de tribunal, la jueza Viviana Gil, denunció que fue presionada por Sánchez Rey para que validara el acuerdo con la ART Provincia.

El juez trató de zafar del Jury y en 2019 renunció pero Cornejo rechazó su salida para obligarlo a enfrentar el juicio de destitución que comienza este jueves.

Por streaming

El juicio político contra el juez, que está suspendido desde agosto de 2019 y cobra la mitad del sueldo, comenzará a las 9.30.

Será presidido por Omar Palermo, que remplaza a Dalmiro Garay porque Sánchez Rey lo apartó por haber sido ministro de Gobierno de Cornejo.

La lectura de la acusación, a cargo de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, los alegatos y la sentencia serán emitidos públicamente a través del canal de YouTube de la Secretaría de Información Pública del Poder Judicial.

En cambio, no se harán públicas las declaraciones de los treinta testigos convocados para respetar un principio que impera en todos los juicios: ningún testigo que aun no haya declarado debe saber qué han dicho en la sala de debates los testigos anteriores.

El Jury a Sánchez Rey continuará mañana y tendría sentencia recién el jueves 12.

Las partes en pugna

La Procuración de la Suprema Corte de Justicia estará representada por Gonzalo Nazar, el número dos de ese organismo, porque así lo había hecho durante las audiencias preliminares en lugar del Procurador Alejandro Gullé, mientras éste se recuperaba de la internación por coronavirus.

La postura de la parte acusadora es tajante: impulsar la destitución de Sánchez Rey porque considera que sus actos fueron de naturaleza gravísima y porque tiene cómo demostrarlo. Por ejemplo, el testimonio de la jueza Viviana Gil, que ha declarado por escrito.

Al acusado lo defiende el abogado Efraín Quevedo Mendoza hijo, a quien inquieta sobremanera que el juicio político se haga de modo online.

Es que, a su entender, podría desvirtuar la naturaleza de los testimonios orales, especialmente en lo referido a la gestualidad siempre importante al escuchar testimonios.

Al hijo del recordado fiscal de Estado homónimo lo acompaña el penalista Juan Horacio Day, hermano de la ministra de la Corte Teresa Day, que es parte del máximo tribunal en este caso.

El destino laboral de Sánchez Rey está en manos del Jury de Enjuiciamiento que integran 21 personas: siete diputados, siete senadores y los siete jueces de la Corte.

Además de Garay quedó fuera de este proceso el supremo Julio Gómez, ya que su hijo, Mariano Gómez -que es juez laboral- ha sido propuesto como testigo por los abogados de Sánchez Rey.

La sentencia prevé tres escenarios posibles para el usía: la destitución del cargo, el sobreseimiento e inmediata vuelta al despacho o la suspensión por 6 meses sin cobrar un peso de sueldo durante ese plazo.

Tema colateral

Nada tiene que ver con el juicio político que comienza este jueves pero está ligado con el acuerdo extrajudicial de $4,5 millones en favor del juez: la fiscalía de Delitos Económicos investigó ese convenio con la ART Provincia y concluyó que se celebró ajustado a la ley.

No hubo delito, dijo el fiscal Hernán Ríos. Finalmente, la jueza Miriam Nuñez, frente a la inexistencia de delito, sobreseyó la semana pasada al juez Sánchez Rey y a tres abogados que estuvieron imputados por fraude al Estado en grado de tentativa.

Uno de esos abogados es Mariano Fugazzotto, secretario de la Quinta Cámara del Trabajo, donde Sánchez Rey trabaja y pretendió que legitimaran el acuerdo en su favor.

El testimonio de Fugazzotto ha sido requerido por Gonzalo Nazar en el juicio político.