Se trata de Alejandro Currenti, a quien el Tribunal de Cuentas le detectó ese faltante en el 2021 por la construcción de canales de riego de Irrigación en Guaymallén
La Justicia investiga el faltante de más de 1 millón de pesos en una inspección de cauce de Irrigación.
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga a un inspector de cauce de Irrigación por el faltante de $1.368.232,74 en la rendición de cuentas de la gestión 2021.
Se trata de Alejandro Currenti, inspector de cauce de Los Corralitos, Guaymallén, quien fue suspendido por el organismo que conduce Sergio Marinelli a instancias de un informe del Tribunal de Cuentas, que detectó la irregularidad en la construcción de canales de riego.
El caso está en manos del fiscal Juan Ticheli, de Delitos Económicos, quien -además- tomó nota de presuntas irregularidades en los ejercicios 2022 y 2023 que fueron mencionadas por publicaciones periodísticas.
En las últimas horas, Ticheli derivó la pesquisa al procurador adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar, porque Currenti es funcionario y para ser imputado debe haber autorización e instrucciones precisas al respecto, tal como establece la ley 8.008 del Ministerio Público Fiscal.
Mientras, solicitó informes al Departamento General de Irrigación y al Tribunal de Cuentas de Mendoza.
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El acuerdo para la construcción de canales de riego es tripartito: el Departamento General de Irrigación entrega a los inspectores de cauce -a modo de préstamo a devolver- el dinero para pagar la mano de obra y la comuna de Guaymallén aporta los materiales de construcción.
Para la época de los hechos que se investigan, Marcelino Iglesias era intendente de ese departamento y Raúl Calvente -actual jefe comunal- el secretario de Obras.
Ambos niegan tener responsabilidad y aseguran que los balances e informes de cuentas -los terminados y los pendientes- son los que verdaderamente revelan el desarrollo de las obras y la rendición de cuentas.
Oportunamente, parte del peronismo mendocino se encolumnó detrás del concejal de Guaymallén José Pepe Pozzoli para denunciar las irregularidades y responsabilizar a Iglesias y Calvente.
Hasta el senador provincial peronista Félix González tramitó en la Legislatura un pedido de informes para ahondar en cuanto a información y documentación oficiales.
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