La Cámara de Diputados de la Nación abrió este miércoles a las 10 la primera audiencia pública para debatir la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei, en un clima de debate político y ambiental.
Quieren modificarla
Comenzó la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares con más de 100.000 inscriptos
Diputados inició las jornadas de audiencia pública, pero hay debate sobre la metodología que se diseñó para exponer. Detalles de un tema clave
Los glaciares, un punto de discusión entre diversos sectores de la política argentina.
El esquema diseñado por el oficialismo prevé dos jornadas para las audiencias: una presencial este miércoles, con 200 oradores, y otra virtual el jueves, con otros 200 expositores. Más de 100 mil personas se inscribieron para participar, aunque solo una parte podrá hacerlo de manera oral, mientras que el resto deberá enviar su postura por escrito o mediante videos.
Glaciares: audiencia y debate
Sectores de la oposición -entre ellos Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda- cuestionan la limitación en la cantidad de expositores y reclaman extender el debate a más días.
Sólo se permite el ingreso al Congreso a quienes hayan sido previamente notificados, y cada orador contará con un máximo de cinco minutos para exponer, en un intento de "garantizar que todos los seleccionados puedan intervenir".
En paralelo, la discusión también se trasladó a la Justicia. Un juez ya rechazó una cautelar presentada por particulares para suspender las audiencias, mientras que otra acción impulsada por organizaciones ambientalistas seguía sin resolución al inicio de la jornada del miércoles.
El proyecto para modificar la Ley de Glaciares
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar el régimen vigente desde 2010. Entre los cambios más relevantes, redefine qué glaciares deben ser protegidos: en lugar de un resguardo extendido, limita la tutela a aquellos que tengan una “función hídrica efectiva” para las cuencas.
Además, habilita a las provincias a determinar en qué áreas se permitirían actividades como la minería, cuyos recursos a veces están en zonas hoy protegidas por las normas.
Desde el gobierno nacional sostienen que la legislación actual es demasiado amplia e “indefinida” y que bloquea inversiones productivas incluso en zonas donde no habría impacto sobre recursos hídricos relevantes.
Del otro lado, organizaciones ambientales advierten que la reforma implica una regresión y alertan sobre un posible retroceso en la protección del agua.
En Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo. Aunque ocupan menos del 0,25% del territorio, alimentan cuencas y ecosistemas a lo largo de todo el país, una función que se vuelve cada vez más crítica frente a la sequía y el aumento de temperaturas. Paralelamente, actividades como la minera registran un avance sostenido, ofrecen salarios por encima de la media y -como ocurre en el caso de Mendoza- la posibilidad de diversificar la matriz productiva.
Con ese telón de fondo, las audiencias que comienzan hoy no solo abren un debate técnico y jurídico, sino también una disputa más profunda: cómo equilibrar desarrollo económico, autonomía provincial y la protección -y aprovechamiento- de los recursos naturales.
La audiencia pública puede seguirse en vivo en este link.