La cámara que representa a 250 bogedas argentinas emitió un comunicado apoyando los objetivos de la Ley de Envases pero sin compartir la forma de implementación que implica la creación de una tasa ambiental del 3%.
Los bodegueros señalaron que apoyan el "principio de responsabilidad extendida que nos cabe sobre los envases de nuestros productos y somos custodios del cuidado del medio ambiente" , pero "no compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos".
Bodegas de Argentina indica que los modelos administrados por privados pero controlados por el Estado han sido exitosos en el mundo, tanto en la eficacia como en la eficiencia. Que como "industria exportadora, nuestros productos se consumen en mercados donde existen estos modelos y los resultados son beneficiosos para las empresas, los consumidores, el medio ambiente y la comunidad toda", señalan en contraposición del proyecto del Ejecutivo que crea con lo recaudado por la tasa un fideicomiso exclusivamente adminitrado por el Estado.
Para los bodegueros, poner el tema sobre la mesa abre "una buena oportunidad para que nuestro país organice un sistema de recupero y reciclado de envases, acorde a los tiempos y los cambios que se dan en el mundo, con eficiencia en la gestión y disminución en las cargas impositivas".
La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos) en Diputados emitió dictamen favorable del proyecto kirchnerista que promueve una gestión ecológica de los envases.
La iniciativa del Poder Ejecutivo impulsada desde el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Máximo Kirchner en Diputados, tiene por objetivo promover una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y también sobre la población que se dedica a su reciclado.
El punto central que está en discusión es la creación de una tasa ambiental del 3% que deberá ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado, y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización..
Con lo recaudado por el pago de la tasa se creará un fideicomiso administrado por el Estado para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño. Este es otro de los puntos muy criticados por la oposición.
La comisión que preside Carlos Heller (Frente de Todos) firmó el dictamen con el respaldo del Frente de Todos y otras bancadas menores que cosechó el respaldo de 27 legisladores, mientras que Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a esta propuesta y anticipó la presentación de un dictamen de minoría que contempla un marco regulatorio sobre el reciclado de residuos.
Al defender el proyecto, el diputado oficialista Itai Hagman afirmó que "es un proyecto da cuenta de un problema que tiene la Argentina que es la gestión de los residuos y donde la tendencia al consumo ha traído un problema medio ambiental e incorpora la responsabilidad extendida del productor"
"Esta ley es una manera de completar las políticas ambientales para buscar eliminar los basurales a cielo abierto", destacó y explicó que "la tasa ambiental que puede ser cero o puede llegar hasta un 3% con un criterio de variabilidad".
El legislador oficialista resaltó que este proyecto busca "desincentivar el uso de envases mas contaminantes y la promoción de puestos de trabajo vinculados al reciclado o formalizar trabajos y potenciando".
Desde la oposición, el macrista de Juntos por el Cambio Luciano Laspina señaló que "es un un mal proyecto" con un "impuestazo porque no es una tasa ya que no se contempla una contraprestación, con lo cual es un impuesto de asignación especifica"
"Vamos a presentar un dictamen de minoría donde vamos a establecer un marco regulatorio", agregó.
Quien emitió un comunicado rechazando el proyecto fue la AmCham. Según indicaron los empresarios estadounidenses, la propuesta es "anacrónica" porque "no soluciona el problema de fondo y, por el contrario, genera una mayor carga tributaria (...) sin una clara contraprestación por los fondos que generaría".
"En reiteradas oportunidades, AmCham ha señalado los riesgos que se plantean con este tipo de políticas: obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible. Hoy, más que nunca, es necesario que el gobierno y en este caso el Congreso Nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, en base a las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable de nuestra economía", afirmaron los empresarios en el comunicado.
"Las empresas nucleadas en AmCham están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular, más aún, están convencidas de la necesidad de un adecuado marco regulatorio para el tratamiento y manejo de los envases utilizados en la comercialización de todo tipo de productos, que sea armónico con los estándares internacionales y compatible con la tecnología disponible en el país", señalaron.
"AmCham adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización", explicaron.
Entre las críticas al proyecto, que ya obtuvo dictamen favorable en comisión, la AmCham indicó que "alarma que no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación".
En tanto que "otro de los puntos débiles del proyecto es el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho".
Los empresarios norteamericanos tampoco están de acuerdo con que la administración de los fondos recaudados con la tasa recaiga en un fideicomiso administrado por el Estado "sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil".
"Lo lógico, si todos estuviésemos de acuerdo, sería que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación (digamos 3 a 5 años), reservando para el Estado su rol de ser, es decir, autorizar y controlar los sistemas implementados y si las metas no se logran o no se cumplen, entonces aplicar multas y sanciones acordes, o forzar su inclusión en el sistema público de gestión a costo razonable y transparente", señala AmCham.
Además, cuestiona la constitucionalidad del proyecto porque "vulnera derechos de las provincias". Según indican esto lo torna fácilmente atacable dado que "crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público, una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia".
Para la AmCham, "el proyecto debe centrarse en cómo mejorar los sistemas de gestión, en base a modelos probados y garantizando su eficiencia. Pero sabemos que el pago de nuevos impuestos es un camino fácil, y nada efectivo, a un desafío que amerita otro tipo de compromiso en torno a la recolección y al reciclado. No desaprovechemos la oportunidad de materializar un marco regulatorio que recoja la voz de todos y a la industria como parte de este todo".