La discusión sobre la decisión individual de colocarse o no la vacuna contra el Covid, se trasladó este martes a la mesa de la Junta Directiva de la UIA, en donde se trató qué decisiones podrán tomar las empresas empleadoras con aquellos trabajadores que decidan no inmunizarse. El presidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja marcó que en ese caso las firmas podrán considerar que ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, "pueda cesar la remuneración".

En esa línea, el empresario mendocino, Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza y precandidato a diputado provincial, avanzó con la necesidad de las empresas de definir qué hacer con ese 10% de sus empleados que hoy no asisten a trabajar bajo el argumento de no haber completado su esquema de vacunación y por tanto no tener la cobertura necesaria para evitar contagios de Covid.

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"Hoy hay mucha gente que argumenta que no puede asistir a la compañía porque no tiene las dos dosis y por el riesgo de contagios, y eso hace que haya una gran cantidad de personas de licencia, lo que obliga a las empresas a cubrir esos turnos con contrataciones que se hacen por uno o dos meses y que no redundan en generación de empleo real. Entonces a esto hay que ponerle un fin porque ya no hay provincias en emergencia por la pandemia y hay una gran disponibilidad de vacunas, con lo cual se termina la excusa para no ir a trabajar" remarcó y amplió: "Ahora una opción es la que plantea el presidente de la UIA sobre la posibilidad de cesar con las remuneraciones y otra es ofrecer una jubilación anticipada a esa gente que ronda 60 años que ya no quiere volver a trabajar, pero para eso es necesario que se sienten en una mesa el ministro de Trabajo de la Nación, las empresas y los sindicatos", planteó el empresario del transporte.

En la conferencia de prensa que brindó Funes de Rioja este martes, delineaba su idea de no pagarle el salario a los que se resiten a vacunarse y por tanto a asistir a sus lugares de trabajo: "Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración", definió.

Sucede que desde abril de 2020, el Gobierno nacional dispuso que los trabajadores alcanzados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio quedaban librados del deber de asistir al lugar de trabajo con el objetivo principal de evitar la propagación de la pandemia. "Ahora al cesar esa dispensa de la norma los autorizaba a no trabajar, en muchos casos no lo hacían ni siquiera de forma remota, pero seguían recibiendo sus haberes u otras asignaciones. Esta obligación atendía un principio de buena fe por la cual había una contraprestación porque no había vacuna. Ahora existe y esto tiene una contrapartida que es el cese de la obligación del pago respectivo", insistió en su argumento, el presidente de la UIA.

Ahora, en un nuevo contexto sanitario, con un avance importante de la campaña de vacunación para la población en general, Badaloni coincidió en plantear la necesidad de retomar la prestación laboral de sus empleados.

"Hay que regularizar la situación de estos trabajadores, porque esto no sólo afecta a la industria y las empresas, sino también a los sindicatos y hasta las obras sociales de esos gremios. Por eso el Estado tiene que definir qué va a pasar con ese personal, sobretodo si se avanza con la propuesta de una jubilación anticipada, porque eso requiere de reformas legales", apuntó Badaloni.