Argentina presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo que obliga a pagar US$16.000 por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía.
La jueza Loretta Preska falló en el Juicio por YPF y Argentina le respondio a la Justicia de Estados Unidos que dio el primer paso para embargar bienes a la Argentina. (Foto: archivo).
Entre los argumentos que esgrimió la defensa del Estado, a través de la Procuración del Tesoro, se destacó la violación de la legislación nacional porque la entrega de las acciones va en contra de la legislación nacional.
También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicarían a los accionistas de la empresa. En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.
YPF, la jueza y un "fallo controvertido"
La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no sólo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.
Entre los argumentos explican que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público, detalló la agencia Noticias Argentinas.
Se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el gobierno considera jurídicamente inválido.
El texto indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
Asimismo, remarcó que para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.
En respuesta al fondo Petersen/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el equipo jurídico del Estado aclaró que Kicillof no forma parte del gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas