La secretaria general de AMPROS, Claudia Iturbe pidió una audiencia urgente en la que intervenga la subsecretaria de Trabajo de Mendoza.
Al cumplirse una semana del conflicto entre los médicos y especialistas que trabajan en clínicas con las prepagas, obras sociales y mutuales por la falta de acuerdo en los aranceles de las prestaciones, la Asociación de Profesionales de la Salud (AMPROS) le solicitó al Gobierno de Mendoza que interceda, a través de la Subsecretaría de Trabajo, para acercar a las partes y arribar a un acuerdo.
El gremio que nuclea a los médicos reclamó que haya una medida de manera urgente que prevenga un colapso del sistema público de salud.
"Los retrasos en los pagos y la falta de actualizaciones acordes a niveles inflacionarios en los últimos meses ha dejado a los profesionales de la salud privada, en un grave estado de precarización laboral, situación que ya ha sido denunciada por esta entidad advirtiendo la creciente fuga de profesionales de la salud, no sólo del ámbito público sino también privado, afectando a toda la comunidad mendocina", reza la petición que está dirigida al subsecretario de Trabajo, Carlos Segura.
"Solicito se tenga presente que esta crisis abarca a todos los profesionales de la salud Médicos, odontólogos, bioquímicos, obstetras, dietistas/nutricionistas, farmacéuticos, Kinesiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos,trabajadores sociales, y licenciados en Enfermería y de todas las especialidades, las que a modo enunciativos podemos mencionar: terapia intensiva, dermatología, cirugía general, pediatría, neurocirugía, obstetricia, oftalmología, cardiología, otorrinolaringología, endocrinología, urología, ortopedia, traumatología, gastroenterología, hepatología, heurología, anestesiología, medicina familiar, medicina respiratoria y neonatología, entre otras, dimensionando el problema para miles de mendocinos.
Con estos argumentos, AMPROS solicitó que de carácter de urgente se fije audiencia conciliatoria a fin de llegar a un acuerdo entre los profesionales de la Salud, clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia y las obras sociales y prepagas que operan en Mendoza.
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Las distintas entidades científicas que incluyen a la medicina general y a las especialidades, desde agosto venían advirtiendo que los aranceles -de $3.000 aproximadamente- habían quedado muy por debajo de la inflación y se estaban pagando con una demora de tres meses.
Al no haber arribado a un acuerdo entre las prepagas, mutuales y obras sociales se fijó una suma por la consulta que asciende a $6.000 y a $8.000 para la psiquiatría.
El impacto de esta medida obligó a que se reanudaran las negociaciones y hubo algunas gerenciadoras que aceptaron subir los valores, mientras que otras rechazaron de plano este aumento y a la vez rechazaron que haya algún tipo de reintegro para los pacientes.
Como consecuencia de esta situación, en las clínicas bajó la demanda de los pacientes en un 50%, como respuesta a la crisis económica que enfrentan las familias mendocinas y que ya vienen soportando aumentos en la mayoría de los bienes y servicios.
La Confederación Médica de la República Argentina ( Comra) en las últimas horas advirtió que la medida se puede extender en todo el país al haber recibido el acompañamiento de otras provincias.