La pretendida desfederalización desde la Nación de este tipo de casos colisiona -en principio- con una decisión política provincial negativa fundamentada, básicamente, en los recursos disponibles.
Porque para investigar nuevos delitos hacen falta más fiscales, más auxiliares y más infraestructura, alegan desde el Ministerio Público Fiscal, a pocos días de haberse solucionado el larguísimo conflicto salarial con los empleados y los funcionarios judiciales.
Patricia Bullrich Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia Mendoza
La puesta en marcha del sistema acusatorio federal.
Foto: Nicolás Rios / Diario UNO
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Preocupa el narcotráfico
El avance del narcotráfico en Mendoza fue, el lunes, uno de los ejes del discurso del Gobierno Nacional. Incluso la Cámara de Casación Penal apoyó ese diagnóstico, que fue uno de los principales fundamentos de la Procuración General de la Nación para que en Mendoza, San Juan y San Luis comience a aplicarse el sistema acusatorio federal en remplazo del histórico sistema inquisitivo.
A partir de este lunes, los fiscales federales se encargan de la investigación de delitos penales y los jueces federales tienen bajo la responsabilidad velar porque se cumplan las garantías constitucionales.
El mismo sistema se aplica en Salta y Jujuy y Santa Fe, especialmente en Rosario para combatir el avance del narcotráfico.
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