En Malargüe sienten que son tiempos decisivos para que avance o se caiga definitivamente Portezuelo del Viento. Por eso comenzaron la tarea de convencer a toda la maquinaria política de Mendoza para que los ayude a destrabar el fallo presidencial de Alberto Fernández, algo que se viene intentando sin éxito desde hace casi dos años. Confeccionaron un documento que le van a acercar directamente al mandatario a través del diputado nacional Adolfo Bermejo, aunque podrían sumarse otros referentes del peronismo local.
A la espera del laudo
Adolfo Bermejo fue elegido para intermediar ante el Presidente por Portezuelo del Viento
El diputado nacional acercará a Alberto Fernández una carta confeccionada por el intendente Ojeda y la Cámara de Comercio de Malargüe. Le solicitarán que laude y que responda de puño y letra qué piensa sobre el estado del proyecto. Podrían sumarse más legisladores peronistas, aunque no están de acuerdo en todos los puntos de la petición
El maipucino se ofreció como intermediario entre la Cámara de Comercio del departamento y el presidente. Por ahora es el único que, con seguridad, tomará este nuevo intento para llegar hasta la Casa Rosada. Sin embargo, también podrían contar con la diputada Marisa Uceda y, según cuentan en la comuna sureña, no descartan que Anabel Fernández Sagasti se involucre en la entrega, por su cercanía con las cabezas del Ejecutivo nacional.
Se trata de un pedido que no tendrá más de cuatro páginas, en el que le brindarán información sobre la represa y argumentos en torno a los potenciales beneficios de que se haga la obra, tanto para la Nación, como para Mendoza y todas las provincias bañadas por el Río Colorado. Al menos, según la mirada de los empresarios malargüinos.
Pero hay un punto llamativo. Además de los datos técnicos que le van a suministrar, resalta una petición concreta para que Fernández brinde una respuesta “de puño y letra al pueblo de Malargüe” y, se entiende, a todos los mendocinos. Es decir, que no quede en los formalismos de la entrega y nada más, sino que genere una réplica específica de Presidencia: fundamentalmente, si se va a laudar o no, y cuál es la opinión concreta que tienen en Buenos Aires sobre viabilidad de la obra. En otras palabras, qué chances hay de adjudicarla en los próximos meses, como se dijo desde el Ejecutivo local a finales de 2021 y como se viene esperando desde hace casi tres años.
El pedido fue del intendente Juan Manuel Ojeda hacia los cuatro diputados nacionales del peronismo presentes en la reunión del viernes pasado en la Casa de Malargüe. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio del departamento, confirmaron que la intención es dársela a Bermejo y Uceda, ya que entienden que están más cerca del mandatario.
“Por supuesto que la nota que nos den desde la intendencia la haremos llegar al Presidente. Si me la entregan a mí en forma personal, lo haré. Pero nos comprometimos en bloque, junto a Liliana Paponet, Marisa Uceda y Eber (Pérez Plaza), que somos quienes estuvimos en el encuentro”, dijo Bermejo a Diario UNO. Antes del próximo fin de semana, el documento estará listo para ser llevado a Buenos Aires, a la espera de que motive el tan esperado fallo.
Gustavo Mirás, el titular de la Cámara de Comercio del municipio, confirmó al menos dos de los pedidos que tendrá la misiva: “Entendemos que es importante que laude, pero además le enviamos más información, porque entendemos que, cuando ha hablado del tema, Fernández lo ha hecho con cierto desconocimiento acerca del proyecto. No va a ser extenso, pero tiene datos y argumentos de por qué nos conviene que esta central hidroeléctrica se lleve adelante”, aseguró.
Encuentro con Suarez
El lunes 7 hubo una reunión de políticos y empresarios en la residencia oficial de La Puntilla. Allí, el gobernador recibió al intendente Ojeda, a representantes de la cámara empresarial entre los que estaba el mencionado Mirás, y a tres representantes políticos del Sur: Jésica Laferte, vicepresidenta de la UCR departamental; Marcos Díaz del Movimiento Popular Malargüino y Verónica Bunster, titular del Pro.
Suarez les recordó que había solicitado la audiencia con Alberto Fernández y, entre los pedidos que le hicieron, marcaron fuertemente que no se hablara tanto de los “planes B” para el dinero de la obra, entendiendo que eso debilita la postura de que la represa debe hacerse a como dé lugar, sin espacio para especulaciones, al menos en lo discursivo.
Además, en el encuentro hubo tiempo para dialogar acerca de los avances en la Ruta 40 Sur (frenada, según dicen, por un pedido en la Justicia) y hasta de la polémica que se generó en torno al proyecto de El Azufre: “Vamos a pedir que se avance en los estudios que hagan falta, pero si hablamos de manera aislada de una concesión de doce mil hectáreas, como han hecho algunos legisladores (en referencia al senador Lucas Ilardo, entre otros referentes de la oposición), es claro que el número va a chocar. Hay que estudiar bien cómo y para qué es necesario todo ese terreno”, dijo Mirás a UNO.
Por ahora no hay consenso entre el PJ y la UCR
El problema es que el pedido solicita expresamente que se haga el laudo presidencial, y si bien desde el peronismo se comprometieron a llevarlo, no están de acuerdo con que ese mecanismo sea absolutamente necesario. Fue uno de los puntos en los que no se pusieron de acuerdo con los representantes oficialistas en el encuentro del viernes y, de hecho, la diputada Paponet manifestó que la provincia puede avanzar en la adjudicación, amparándose en la ley 23.879 (que fue sancionada en 1990 y regula la construcción de represas), tal como contó la periodista Paola Alé en Diario UNO hace días.
No es el único foco de discordia: para el PJ debió ser el propio Rodolfo Suarez quien los convocara a la reunión y no los empresarios junto al intendente sureño. “Se habló mucho de política de Estado por parte del radicalismo. Justamente en ese sentido, nos hubiera gustado que fuera el Gobernador quien abriera el diálogo”, aseguró Bermejo este lunes.
Además, un sector del PJ considera necesario que se amplíe el estudio de impacto ambiental a toda la cuenca del Río Colorado (es decir, desde que se inicia en Mendoza hasta sus últimos afluentes en Río Negro, Neuquén y Buenos Aires), algo que también piden desde La Pampa y el resto del Comité Interjurisdiccional, pero a lo que en la provincia responden que ya se hizo en los análisis anteriores.