El magistrado tomó la decisión ante la presentación de un ciudadano "en favor de los derechos del niño, que están contemplados en la Constitución a través de los pactos internacionales a los que el Estado adhirió en la reforma de 1994".
López consideró que la normativa vigente -la ley 27.610- viola "la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción".
El Estado nacional apeló la decisión. Ahora, la Cámara de Apelaciones debe resolver y para Aministía "tiene la responsabilidad de revocar la decisión para garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar".
"Verdes Femibolches"
En el documento dado a conocer en las últimas horas "Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación por el contenido de las redes sociales del juez Alfredo Eugenio López, a cargo del Juzgado Federal N°4, plagadas de afirmaciones agraviantes y violentas contra las mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, lo que pone en riesgo su aptitud imparcial para decidir en el caso. Frases como 'Verdes Femibolches' e 'idiotas útiles' acompañadas de imágenes, son parte de sus comentarios.".
Pese a que la acción judicial presentada pretendía la suspensión del Protocolo de Interrupción legal del embarazo (de 2019), lejos de ajustarse a esa petición, el juez abandona su deber de imparcialidad y se expide más allá de lo solicitado, arremetiendo contra la aplicabilidad de la ley de aborto. Todo funcionario público puede tener convicciones personales y religiosas en el marco de su esfera íntima, pero no pueden nublar su imparcialidad e imponerse por sobre los derechos a la salud, la vida, la autonomía, la privacidad, consagrados en la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando sus ideas íntimas se impongan, debe apartarse. Pese a que la acción judicial presentada pretendía la suspensión del Protocolo de Interrupción legal del embarazo (de 2019), lejos de ajustarse a esa petición, el juez abandona su deber de imparcialidad y se expide más allá de lo solicitado, arremetiendo contra la aplicabilidad de la ley de aborto. Todo funcionario público puede tener convicciones personales y religiosas en el marco de su esfera íntima, pero no pueden nublar su imparcialidad e imponerse por sobre los derechos a la salud, la vida, la autonomía, la privacidad, consagrados en la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando sus ideas íntimas se impongan, debe apartarse.
Avanzada judicial
Desde que se aprobó la ley IVE señala Amnistía que "hubo una avanzada judicial contra el derecho al aborto: se promovieron al menos 32 acciones judiciales. Sin embargo, más de la mitad fueron rechazadas y una minoría se encuentra aún en trámite. El rol del Poder Judicial como garante de los derechos humanos es proteger los derechos de las mujeres, y con ello la ley de aborto".
“El mismo movimiento que luchó incansablemente por el derecho humano al aborto legal no dudará en proteger la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que vino a saldar una deuda pendiente de Argentina con las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, agregó Mariela Belski.
