Sus abogados pidieron la nulidad de pruebas, pero les rechazaron sus planteos. La causa avanza hacia el juicio.

Una vez más le negaron la prisión domiciliaria a Andrés Di Césare, acusado del femicidio de Julieta González

Por UNO

El femicidio de Julieta González (21) sigue sorteando instancias judiciales y, a paso lento, va caminado al juicio oral. Luego de varios pedidos, planteos e idas y vueltas en el expediente, la causa suma otra certeza: el acusado, Andrés Di Césare (23), seguirá detenido tras un nuevo rechazo a la posibilidad de un arresto domiciliario.

Es que los defensores del joven, acusado de matar a golpes a la víctima en septiembre del 2016, entre varias peticiones, solicitaron que su cliente continúe detenido, pero en su casa, mientras espera el juicio.

La jueza del Primer Juzgado de Garantías, Érica Sánchez, rechazó el pedido, igual que lo había hecho en febrero su par David Mangiafico. Este magistrado fue apartado de la causa luego de ser recusado por la fiscalía y la querella, por presunta arbitrariedad en el proceso y siendo relacionado con la defensa. Fue acusado de tomar medidas sin notificar a las partes.

En este contexto, la jueza Sánchez quedó como quien dirimiría los planteos presentados.

Así fue que en la jornada de ayer rechazó la domiciliaria y también se opuso a otros puntos reclamados por la defensa.

Roberto Godoy Lemos y Fernando Luquez representan a Di Césare y habían cuestionado la validez de dos pruebas ejecutadas por Claudia Ríos, la fiscal del caso.

Los letrados reclamaron la nulidad de la declaración informal del imputado ante policías, a quienes les confesó que había matado a Julieta porque estaba embarazada y no tomó pastillas anticonceptivas para evitar esto. Ambos tenían una relación y luego se descartó que la mujer esperara un hijo.

Otra medida que objetaron fue un allanamiento donde secuestraron el vehículo de Di Césare, en cuyo interior detectaron rastros de González.

Para la jueza Sánchez el testimonio del acusado ante los policías tuvo validez como prueba y el allanamiento cuestionado se hizo dentro de los procedimientos aprobados. Así, le dio la derecha a la fiscalía.

El sospechoso seguirá en la cárcel y no obtendrá el beneficio de la domiciliaria, ya que las autoridades entienden que hay riesgos de fuga, debido a la alta pena que arriesga (prisión perpetua) y a que podría tener los recursos económicos para escaparse, teniendo en cuenta que su padre es un reconocido empresario del transporte.

Ante este panorama se espera que la defensa llegue hasta la Cámara de Apelaciones y que allí se libre una nueva batalla judicial. Mientras, la investigación sigue a paso firme en busca del juicio.

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Horacio Altamirano / Diario UNO.
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