Amplían la indagatoria

Se complica la situación de los policías acusados por la muerte de una mendocina en una comisaría de San Luis

Por la muerte de una mendocina en la celda de una comisaría de San Luis, detenida durante el aislamiento obligatorio por la pandemia, la Justicia resolvió ampliar la indagatoria de los cuatro policías procesados

Por UNO

La decisión fue tomada por el Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial de la San Luis, que resolvió que el Juzgado Penal a cargo de Jorge Pinto continúe con la investigación de la muerte de Florencia Magalí Morales, de 39 años, en una comisaría en San Luis y amplíe las indagatorias de los efectivos procesados, Eugenia Arguello, Victoria Johana Torres, Marcos Ontiveros y Reynaldo Clavero, los dos últimos de mayor rango.

El Tribunal ordenó además “una investigación exhaustiva de la conducta desplegada por el médico forense que practicó la primera autopsia, a fin de establecer si el mismo incurrió en los delitos de encubrimiento agravado", agregaron las fuentes.

El 5 de abril de 2020, Morales, una mendocina oriunda de San Martín, salió a buscar comida en su bicicleta, terminó presa por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y horas después fue hallada muerta en la celda.

A las 19.30 de ese día, el comisario de la dependencia, Clavero, llamó al juez de turno para informarle que Morales "se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada", aunque no se hallaron pruebas para sustentar esa versión.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como querellante en abril de 2021, cuando la causa amenazaba con ser cerrada en San Luis, y planteó que los hechos no podían encuadrarse en un mero incumplimiento policial sino que se trataba de un caso de violación de los derechos humanos

El 2 de diciembre de 2021, el juez Pinto dispuso el procesamiento de cuatro efectivos policiales por "incumplimiento a los deberes de funcionario público" y les dictó prisión preventiva a dos de ellos por los delitos de "aplicación de vejaciones y severidades en el ejercicio de sus funciones, en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido". No obstante luego fueron excarcelados.

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Una de las pancartas mostradas en una marcha pidiendo justicia por Magalí Morales, quien habría muerto asesinada por policías de San Luis

Una de las pancartas mostradas en una marcha pidiendo justicia por Magalí Morales, quien habría muerto asesinada por policías de San Luis

Las partes apelaron ese fallo de primera instancia y el 4 de marzo de 2022 se conformó el tribunal encargado de analizar y resolver tales presentaciones.

Ese cuerpo judicial resolvió este miércoles que Pinto continúe con la investigación, aunque le recomendó que "la pesquisa deberá llevarse adelante bajo la perspectiva de género".

Asimismo, dispuso la ampliación del llamado a indagatoria para los cuatro policías procesados, por considerarlos "coautores de los delitos de torturas agravadas por el resultado muerte" y en el caso de los efectivos de rango más alto, requirió que sean indagados por los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público mediante abuso de sus funciones, ambos en concurso real".

En otro de los puntos de la resolución, el tribunal ordenó enviar copia de las actuaciones a la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial para que se realice una investigación exhaustiva de la conducta desplegada por el médico forense que practicó la primera autopsia, a fin de establecer incurrió en los delitos de encubrimiento agravado.

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Es que la primera autopsia fue cuestionada por la Junta de Forenses, ya que al cuerpo "le faltan músculos, una arteria y el hueso hioides estaba sin fracturas", según el resultado de la segunda autopsia.

Por eso, la forense Vanina Elizondo afirmó que Magalí Morales "fue estrangulada" y descartó totalmente el suicidio, prueba a la que se sumó que el cordón con el que se encontró a la mujer también fue peritado y los resultados revelaron que no pertenecían al buzo que vestía al momento de su muerte.

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Finalmente, y en el mismo fallo, los magistrados rechazaron el requerimiento de los abogados de la familia Morales y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para ampliar la imputación de los encausados por el delito de "homicidio doblemente calificado" por no contar con elementos probatorios suficientes.

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