Cada vez falta menos para que, luego de 3 años y medio de investigación, un grupo de funcionarios sea juzgado por el asesinato de la pequeña Luciana (3). Algunos de los acusados pueden recibir penas de encarcelamiento.
Tras varios pasamanos entre los investigadores judiciales más destacados de la provincia, el fiscal Santiago Garay declaró el cese de la instrucción y la elevación a juicio del expediente. No es la primera vez que sucede esto, pero la diferencia radica en que el magistrado agravó la imputación de algunos de los sospechosos.
Los operadores del OAL Rafael Vizcarra y Vanina Consina, y la psicológa Fabiana Lucentini fueron formalizados no sólo por incumplimiento de los deberes de funcionario público -al igual que los otros tres acusados- si no también por abandono de persona agravado por la muerte de la víctima. Este último delito contempla de 5 a 15 años de prisión. Es decir, en caso de ser hallados culpables en un juicio, deberán ir a la cárcel.
De todas formas algunos de los abogados defensores jugaron sus últimas fichas y apelaron la solicitud de Garay. Será la jueza de Garantías Érica Sánchez quien confirme la elevación a juicio u ordene alguna modificación en el caso.
Fuentes judiciales se esperanzaron que esto último no pase. Es que existe un antecedente al respecto: la primera investigadora que tuvo el caso, Claudia Ríos, solicitó la elevación a juicio solamente con el delito de incumplimiento -pidió que sean sobreseídos del abandono de personas-.
En ese entonces, la fiscal de cámara María Paula Quiroga no coincidió con la entonces fiscal de Delitos Complejos -hoy en Homicidios- y le pasó el expediente a su par Juan Manuel Bancalari. Este último debió apartarse debido a otra causa que tiene contra uno de los abogados defensores, Pablo Cazabán, y así es que las fojas cayeron en manos de Santiago Garay.
Golpes, muerte y bronca
La pequeña Luciana Rodríguez murió el 7 de enero de 2014 cuando fue golpeada brutalmente por su padrastro, Jorge Coco Orellano (36), en una casa usurpada donde vivían en Ciudad. El hombre y la madre de la menor, Rita Evelin Rodríguez (25), fueron condenados a prisión perpetua por el hecho.
Pero la investigación no terminó allí. Se extrajo una compulsa contra el director del servicio de Protección de Derechos Fernando Herrera, los operadores del OAL Rafael Vizcarra, Mónica Castro, Mauricio Flores y Vanina Consina, y la psicológa Fabiana Lucentini.
Sucede que a lo largo de la pesquisa quedó en evidencia el inaccionar de distintos organismos estatales ya que había denuncias anteriores sobre los malos tratos que sufría Luciana. Incluso en un momento fue separada de su madre, pero luego se la restituyeron. El caso conmocionó a la sociedad mendocina hasta tal punto que las autoridades debieron dar una conferencia de prensa el día del asesinato para excusarse sobre lo ocurrido.