Los tiempos procesales la favorecieron y la Justicia terminó sobreseyendo a Esther Beatriz Pedernera, la ex legisladora del Partido Justicialista (PJ) que había sido condenada en 2010 a dos años de prisión por estafar al Estado cobrando viáticos que nunca fueron utilizados.
Para comprender el caso hay que remontarse a mediados de 2006, cuando la mujer se desempeñaba como senadora y uno de sus ex asesores la denunció. Concretamente, la acusación era que pidió viáticos y pasajes para viajar una vez a San Luis y tres más a Buenos Aires, pero los traslados nunca se efectuaron.
El entonces fiscal de Delitos Complejos Eduardo Martearena inició una investigación que terminó imputando a la funcionaria por fraude en perjuicio de la administración pública en modalidad de estafa, en cuatro ocasiones.
El 3 de octubre de 2007 la causa fue elevada a juicio bajo esa calificación y recayó en la Tercera Cámara del Crimen. Sin embargo, debieron dar marcha atrás con el debate oral y público ya que el Tribunal advirtió que no había intervenido Fiscalía del Estado en los últimos pasos de la instrucción.
Recién el 26 de junio de 2009 la causa regresó a esa cámara, donde ya se encontraba Martearena integrándola. El camarista se inhibió de participar del debate -ya que había liderado la investigación previa- y fue reemplazado por Horacio Báez.
Todas estas demoras llevaron a que el juicio comience el 23 de marzo de 2010. El 26 de abril de ese año, Pedernera fue condenada por dos de los cuatro hechos y recibió una pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.
Un mes después, sus abogados presentaron un recurso de casación y el expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia el 9 de junio. Seis años después, el 8 de junio de 2016, el máximo tribunal de Justicia provincial confirmó la sentencia en todas sus partes.
El panorama para Pedernera era negro. Si bien no iba a ir a prisión -a menos que cometiera algún otro delito durante el lapso de dos años-, la última palabra indicaba que no iba a poder ejercer ningún cargo público por el resto de su vida.
Lo cierto es que sus abogados defensores encontraron un hueco judicial y lograron revertir todo. Los letrados pidieron que sea sobreseída ya que la causa prescribió 26 de abril de 2016, cuando ya habían pasado 6 años desde la sentencia en primera instancia y mientras la Corte todavía no resolvía la casación.
Tras un tironeo entre los ministro de la Corte y la Tercera Cámara del Crimen, el máximo tribunal consideró que los jueces de primera instancia debían resolver esta situación y devolvió el expediente. Los camaristas no tuvieron más opción que sobreseer a Pedernera. Diez años después de la denuncia y tras las idas y vueltas en Tribunales locales, para la Justicia no cometió ningún delito.
