Los expolicías Pablo Martín Alzaá (42) y César Daniel Olguín (29) fueron condenados por simular que uno de ellos había recibido un piedrazo en el codo, cuando en realidad fue su colega quien lo golpeó intencionalmente para luego denunciar la lesión ante la ART y cobrar el dinero correspondiente. Un video captado por la cámara de su propio patrullero los dejó en evidencia.
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Mientras investigaba este caso, el fiscal de la causa, Javier Giaroli, detectó que la abogada que los representó en el fuero laboral había llevado adelante otro litigio similar también con un policía como presunta víctima. Alertado por la situación decidió extraer una compulsa para investigar si este tipo de fraude había ocurrido a gran escala.
El magistrado solicitó un informe a la Cámara Laboral de San Rafael sobre todas las demandas que habían impulsado efectivos policiales contra Provincia ART. Se encontró con un dato que fue aumentando su grado de sospecha: en todos los expedientes -que son 40 aproximadamente- intervenían los mismo tres abogados y casi siempre salía sorteado el mismo perito médico que constataba las supuestas lesiones laborales -se reservan sus identidades por pedido judicial-.
La pesquisa fue tomando color hasta derivar en una batería de allanamientos que se concretaron este miércoles, tanto en el Sur provincial como en el Gran Mendoza. La intención fue incautar documentación y computadoras que puedan tener información sensible para la causa. Hasta el momento no se ha solicitado ninguna orden de detención.
Fuentes judiciales detallaron que se realizará una pericia tecnológica y otra lingüística en los escritos que presentaban el perito médico para determinar si en realidad eran redactados por los abogados que intervenían en las causas laborales con fines de avalar las supuestas incapacidades de los efectivos que demandaban a la ART.
Otro dato particular es que uno de los abogados sospechados tenía a su nombre alrededor de 17 billeteras virtuales, según trascendió.
