Policiales Domingo, 15 de julio de 2018

Investigan a dos policías por el robo de autos y ahora cobran sin trabajar

La IGS pasó a pasiva a un comisario y un subcomisario por su presunta vinculación con una banda de piratas del asfalto, pero la sanción se venció y volvieron a recibir el salario total

La dupla es tan conocida como cuestionada puertas adentro de la fuerza policial. La escopeta de uno de ellos, el comisario Gustavo Segura, apareció en un allanamiento a un taller que hacía de desarmadero en Maipú, en donde se sospecha se compraban vehículos robados por piratas del asfalto. El otro, el subcomisario Edgardo Guardia, habría sido quien entregó el arma al dueño de aquel taller. Por esta causa y otra conectada ambos fueron pasados a pasiva: se les recortó el sueldo a la mitad y se los apartó de sus cargos.

Pero el tiempo establecido para esa sanción se cumplió, por lo que en la actualidad ambos volvieron a percibir sus haberes y están a disponibilidad de la Jefatura de Policía para recibir destino. Es decir, cobran y no trabajan.

El caso de Segura fue distinto. El comisario sufrió una fractura en una pierna cuando aún prestaba servicios, por lo que intervino la ART y está de licencia por enfermedad.

Se supone que en dos semanas la Inspección General de Seguridad, que investiga ambos hechos, podría resolver la sanción a aplicarles y aconsejarla al Tribunal de Disciplina, que es quien la aplica. Hasta tanto eso suceda el Estado mendocino les paga abultados sueldos a dos cuestionados uniformados que no están prestando servicios.Pruebas: un escopeta y un motorLa causa se destapó a mediados de febrero pasado cuando un operativo de la Policía Bonaerense llegó hasta un taller del carril Rodríguez Peña, en Maipú, siguiendo a una banda de piratas del asfalto que se supone reducía los vehículos en ese lugar. Revisando la propiedad descubrieron una escopeta que tenía postas de goma, lo que hizo sospechar que pudiese pertenecer a la fuerza policial. Más tarde, con el número del arma se confirmó que desde el 2013 pertenecía al comisario Gustavo Segura, quien supo estar al frente de la Policía Departamental de Lavalle y en ese momento había recalado en Sanidad Policial.

El traslado no era antojadizo: el uniformado ya había estado en pasiva, luego de que se detectara que a una camioneta a su cargo le habían cambiado el motor por uno más viejo, que además tenía el número limado. Cuando se le levantó la sanción se lo destinó a Sanidad Policial.

Ese dato no era menor. Por un presunto desperfecto en ese vehículo, Segura lo habría llevado al mismo taller que luego allanó la Bonaerense.

Cuando la policía local siguió la ruta del arma, el presunto dueño habría indicado que quien se la dio había sido el subcomisario Edgardo Guardia, quien hasta ese momento era supervisor del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), es decir controlaba el movimiento de los móviles policiales y por tanto sabía de operativos y persecuciones.

Estas pruebas y otras tantas que acumuló la Inspección General de Seguridad hicieron que a ambos se los pasara a pasiva entre mediados de febrero y el 1 de marzo, cuando se abrió la investigación administrativa.

La sanción, que supone recortarles el sueldo a la mitad y apartarlos de sus cargos, tiene una validez de 60 días, y puede prorrogarse otros 60 días, por lo que durante estos días esa medida se venció y debió levantarse, lo que equivale a devolverles el total de sus haberes y que queden a disponibilidad de la Jefatura de Policía para darles destino.

"Ambas causas están en etapa de alegatos, en donde las partes justifican sus posturas, es decir los investigadores dicen por qué les cabría tal sanción y los defensores por qué no. Sin embargo en dos semanas podremos resolver su situación y si cabe una sanción enviarla al Tribunal de Disciplina para que la aplique", precisó Marcelo Puertas, titular de la IGS, quien explicó que "algunas causas se pueden demorar porque la defensa interpone distintos recursos que dilatan la investigación. Igualmente el plazo máximo de resolución no puede exceder el año".

Cuando la sanción se atrasa como en estos casos y se debe retribuirles el sueldo a cuestionados uniformados, legalmente deben ser reubicados en otros cargos.

"En la ley 6.722 hay una figura administrativa que para casos como este establece que esos efectivos investigados queden a disponibilidad a la espera de un destino y permite tomarse unos días para definirlo. Por tanto no se le asigna un nuevo cargo, porque en general pasan pocos días hasta que la IGS recomienda la sanción a aplicar", señaló Roberto Munives, jefe de la Policía.