Femicidio: por primera vez una ONG será querellante

Un fiscal local admitió por primera vez que en un caso de femicidio sea querellante una ONG, al considerar que ese delito, además de afectar directamente a la víctima de la causa, trasciende al resto de la sociedad, por lo que la intervención de la organización asegura el acceso a la Justicia, la transparencia del proceso, la prevención y a la asistencia de potenciales víctimas.La decisión fue adoptada por el fiscal de Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, quien investiga el femicidio de Yamila Candela Garay (21), quien el 29 de marzo de 2016 fue hallada asesinada, con una soga alrededor del cuello, en una cantera situada entre la localidad de Huerta Grande y la ciudad de La Falda.Por el delito de homicidio calificado agravado por relación de pareja sin mediar convivencia, fue detenido el ex novio, Lucas Di Giovanni (28), de quien se había separado recientemente y quien en los próximos meses será sometido a juicio oral.Por parte de la familia de Garay, nadie se presentó como querellante, por lo que la acusación es impulsada por el fiscal Bertone, quien ahora admitió para ese rol a la Fundación Centro de Protección Familiar que, de no mediar oposición de la defensa, actuará para avanzar en la causa."Estamos viendo que son pocos los casos judiciales en los que se dictan condenas por femicidio, en general se aplican otras figuras penales y nosotros queremos que la Justicia empiece a reconocer en los fallos los femicidios", explicó la presidenta de la fundación con sede en La Falda, Karina Lucero, quien admitió que la noticia los sorprendió, luego del pedido que había redactado el abogado Ramiro Fresneda.El fiscal Bertone dijo que su decisión se basó en que "el delito de femicidio trasciende los casos particulares" y que la actuación de las ONG "brinda transparencia a los procesos", facilita "el acceso de la sociedad a la Justicia" y cumple con la misión fundamental de brindar "prevención y asistencia a potenciales víctimas de estos delitos".El representante del Ministerio Público admitió la incorporación del Centro de Protección Familiar a la causa luego de analizar el requerimiento presentado por su abogado.En ese escrito, el letrado expresó: "La problemática de la violencia contra las mujeres no sólo vulnera el derecho de la víctima directa sino que afecta a una parte importante de la sociedad".A eso se suma "que los familiares de la víctima directa, como las amigas, el entorno afectivo y social de la comunidad en la que desarrollaba su actividad vital, muchas veces carecen de información sobre sus derechos, y el miedo de sufrir represalias, las inmoviliza, tornando el acceso a la Justicia un camino lleno de obstáculos", apuntó al fundamentar la intervención de la organización en la causa.Para basar el requerimiento, Fresneda se remitió a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU, que indica que hay "6 componentes esenciales y relacionados entre sí -justiciabiliad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuentas y suministro de recursos a las víctimas-, todos necesarios para asegurar el acceso a la Justicia".