Por un fallo dividido, finalmente la Justicia confirmó la elevación a juicio en la causa que tiene imputados a ocho agentes penitenciarios de la cárcel de Almafuerte acusados de golpear a Marcelo Gato Araya (39), condenado a prisión perpetua en dos ocasiones por tres asesinatos.La discusión se centró en el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal luego que los defensores oficiales de los uniformados, Verónica Araujo y Ximena Morales, apelaron en dos ocasiones la elevación a juicio del expediente.
Las representantes de los agentes Alberto Eusebio Rivero, Martín Ariel Rivero, Rodolfo Leandro Domenica, David Gabriel Martínez, Mauricio Damián Cortez, Rodrigo Fernando Palacio, Osvaldo Enrique Ramírez y Rodrigo Miguel Godoy entienden que actuaron bajo las previsiones del artículo 34, es decir, en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.Una de las pruebas más importantes del expediente es la declaración del propio Araya, realizada cuatro meses después del hecho, pero las defensores oficiales aseguraron que “no quiso aportar los datos que ayudaran al esclarecimiento de los hechos, alegando que debía consultarlo con su abogado”.Por otra parte, existen grabaciones de cámaras de seguridad del complejo penitenciario ubicado en Cacheuta, aunque las representantes alegaron que “no hubo violencia por parte del personal penitenciario”.Un fallo dividido Los camaristas Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas fueron quienes debieron resolver el pedido en cuestión, aunque tuvieron disidencias al momento de opinar.El primero de los magistrados consideró que los imputados deben ser sobreseídos. Por un lado, puso en tela de juicio ciertas contradicciones en las declaraciones del Gato Araya.En sintonía, analizó que la realizó cuatro meses después del hecho y por ello no es espontánea. También concluyó que Araya dijo que no estaba haciendo huelga de hambre cuando fue golpeado, aunque reflejó lo contrario en un acta de exposición que firmó. “Aquellas inconsistencias no significan que lo manifestado por el denunciante haya sido falso en su totalidad, sino que vienen a disminuir el grado de convicción de sus afirmaciones”, interpretó Correa Llano.También estimó que “en las filmaciones secuestradas puede verse sin problemas la totalidad del traslado del interno (…), no pudiéndose sostener, con elementos objetivos de prueba, que verdaderamente exista lo que Araya y otros internos denominaron 'vereda roja', es decir un punto ciego de las cámaras de seguridad del penal”.El juez destacó la actitud exaltada y provocativa del recluso quien expresó frases como “no hagas cosas que te van a jugar en contra, no hagas choteras, yo te digo como son las cosas”, “no te vas a mandar un moco culiado, no me vas a hacer una lesión”, “están hasta la pija” y “a mi no me hables, bancate la que se viene ahora”.“Las expresiones por él utilizadas hablan a las claras de una constante amenaza hacia los efectivos. Araya, quien no sólo no acató las órdenes de personal penitenciario, sino que utilizó su energía física para resistir su traslado”, precisó el magistrado.Finalmente, afirmó que “la aflicción a la que fue sometido el interno (colocando sus brazos hacia arriba por detrás de su espalda) habría sido la técnica apropiada para neutralizar la resistencia del interno, no habiendo durado más tiempo del estrictamente necesario para que éste cesara en su oposición”.Pese a esto, distinto fue el pensamiento de Salinas y Miguel, quienes entendieron que los agentes “desplegaron una maniobra innecesaria, tanto en términos de intensidad como de tiempo, para efectuar el traslado del interno Marcelo Araya, quien ya había sido reducido en el interior de su celda y extraído de la misma esposado”.“Esto constituyó una acción dura y abusiva, en tanto se mostró desproporcionada e injustificada, conducta que a la vez causa una aflicción innecesaria en la víctima”, estimaron, para luego confirmar la elevación a juicio por el delito de Severidades –prevé de 1 a 5 años de prisión- y lesiones leves.El hecho El expediente se inició a fines de marzo de 2013 cuando Marcelo Araya radicó la denuncia que fue instruida por el fiscal especial Daniel Carniello. Al finalizar la investigación, solicitó la elevación a juicio. Los imputados llegan al proceso en libertad ya que se trata de delitos excarcelables.En tanto que Araya, quien espera ser enjuiciado en Tribunales Federales por una causa de narcotráfico, fue trasladado a una cárcel ubicada en Rawson tras reiterados intentos de fuga. Fuentes penitenciarias aseguraron que en septiembre regresará al penal de Almafuerte.
