Maximiliano Flores (33) murió a fines de octubre pasado. Primero se habló de un linchamiento de vecinos. Luego de una muerte natural. Sin embargo, el caso terminó con un policía condenado por el crimen en Las Heras.

Todo comenzó con una denuncia por violencia de género, en la noche del 23 de octubre. Efectivos de la Comisaría 56 se dirigieron hasta un domicilio en calle Paso de los Hondos al 3.200, en El Algarrobal, donde había un altercado. Allí hubo un primer forcejeo con Maximiliano Flores, quien logró escapar de las manos de los policías.

Sin embargo, algunas horas después volvió al domicilio y fue interceptado por vecinos. Ya era la madrugada del 24 de octubre. Flores fue golpeado en el suelo y terminó inconsciente. Fue trasladado al hospital Carrillo pero llegó sin vida hasta ese nosocomio.

Por el crimen en Las Heras primero se apuntó contra los vecinos, apuntando a un posible linchamiento. Luego surgió la teoría de que el hombre había sufrido un infarto. Sin embargo, desde su entorno familiar –la mayoría radicado en Buenos Aires- plantearon que se había tratado de un caso de violencia policial.

Lo cierto es que la fiscal de Homicidios Andrea Lazo siguió todas las hipótesis y esta última terminó ganando fuerza. Los policías Erwin José Plasencia Bardales y Fabián Jonathan Martínez Subia fueron imputados por homicidio en exceso del cumplimiento del deber.

Es decir, para la magistrada hubo una fuerza desmedida en la forma en que se aprehendió a Maximiliano Flores.

El viernes pasado, Martínez acordó realizar un juicio abreviado donde admitió haber cometido el hecho y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso –queda libre sujeto a ciertas condiciones- e inhabilitación para ser funcionario público. La sentencia la dictó el juez Gabriel Bragagnolo.

Ahora restará resolver la situación del policía Plasencia, quien prefirió discutir su situación en un juicio convencional. En ese caso el panorama se abre a que sea absuelto –por no ser autor o por legítima defensa- o que reciba una pena de entre 2 y 5 años de cárcel según la calificación que sostiene la fiscal de caso.

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