En la lista inicial de todas las personas que tuvieron alguna participación en la investigación del femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril en Gualeguay, había 152 nombres. En la audiencia de remisión de la causa a juicio las partes fueron descartando aquellos de quienes resultaría irrelevante su comparencia en el juicio para determinar si hubo responsabilidad en el crimen de los cuatro imputados. Así, los testigos sobre los que existe controversia entre la acusación y la defensa son en total 70, quienes deberán asistir al debate oral y público que, se estima, será en el segundo semestre del año, luego del descanso judicial de invierno.
El juez de Garantías Sebastián Elal escuchó el jueves los argumentos de las partes: el fiscal Ignacio Telenta y el querellante Jorge Impini solicitaron la elevación de la causa a juicio; y acordaron con los defensores Andrés Carvajal y Horacio Barreto (de Néstor Pavón), Matías Farías (de Gabriel Otero) y Carlos Sciutto (de Sebastián Wagner), las pruebas para esa decisiva instancia.
Ayer el magistrado resolvió hacer lugar al planteo de las partes, sobre el cual no existían oposiciones, por lo que se trató más de una formalidad de resolver al respecto. En este sentido también aprobó que los 70 testigos (más las actas y demás probanzas del caso) del acuerdo probatorio sean los que deban ser ventilados en el juicio para el análisis y la valoraciones que hará cada parte.
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El violador serial Sebastián Wagner, su patrón Néstor Pavón (dueño del lavadero) y su hijastro Gabriel Otero (hijo de su pareja Nora González) están acusados de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con Homicidio calificado por Alevosía, criminis causae y femicidio. La única pena posible para esto es la prisión perpetua. En tanto que la pareja de la madre de Wagner, Fabián Ehcosor, será juzgado por el delito de Encubrimiento agravado por haber ayudado al autor del hecho a ocultarse en Moreno, provincia de Buenos Aires.
No está nada dicho en un caso que conmocionó y movilizó a todo el país en abril, lo que impulsó al Congreso a realizar modificaciones legislativas sobre los regímenes penales.
