Por Sebastián [email protected] / @sebasalas_
Coco Orellano (36) se sentará desde el lunes en el banquillo de acusados. La madre de la pequeña, Rita Rodríguez (25) enfrentará también una causa por tenencia de armas junto al hombre.
Comienza el juicio contra el padrastro y asesino de Luciana por un abuso contra otra hija
Hace menos de un mes, Jorge Coco Orellano (36) fue condenado a la pena de prisión perpetua por el crimen de Luciana Milagros Rodríguez, la pequeña de tres años asesinada en un caso de maltrato infantil ocurrido en 2014. El hombre volverá a sentarse en el banquillo de acusados por el abuso sexual de una de sus hijas.Nuevamente, la Séptima Cámara del Crimen será la encargada de enjuiciar a Orellano a partir del lunes de la semana que viene. Se espera que el debate no se extienda mucho más de un par de días, según anticiparon fuentes judiciales.
La carátula es de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, un delito que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión, según estipula el artículo 119 del Código Penal. La víctima fue una de sus hijas que para esa fecha tenía un año y nueve meses de vida –se reserva su identidad-.Este hecho salió a la luz tras el crimen de Luciana, la hijastra de Coco Orellano, y fue la misma fiscal, Daniela Chaler, quien solicitó la elevación a juicio. El hombre será representado por el mismo abogado que lo asesoró durante el debate oral y público por el homicidio, Mariano Tello.En caso de no ser condenado, Orellano igual volverá a prisión ya que pesa sobre él la reciente condena a prisión perpetua que recibió el 29 de septiembre por el asesinato de Luciana Milagros.Otra causa En la primera jornada del debate se ventilará otra causa acumulada que tiene Jorge Orellano junto a la madre de Luciana, Rita Evelin Rodríguez (25) –representada por la defensora oficial Silvina González-. Se trata de una tenencia de arma de fuego que se inició en a mediados de 2013, es decir, antes de que asesinen a la pequeña.Este expediente se realizará rápido, ya que son pocos testigos los que declararán, y luego se continuará con la causa de abuso contra Orellano. El Código Penal prevé prisión de 6 meses a 2 años para los autores de la tenencia de armas de fuego.Poco a poco A medida que avanza el tiempo comienzan a cerrarse las diversas líneas investigativas que generó la muerte de Luciana ocurrida el 7 de enero de 2014, en la casa usurpaba donde vivía la pareja en calle Entre Ríos al 368 de Ciudad.El 29 de septiembre, su padrastro y su madre biológica fueron condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por ensañamiento y homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión, respectivamente.Los jueces de la Séptima Cámara del Crimen en ese veredicto sacaron una compulsa para investigar a policías de la Comisaría Tercera, operadores del 911, personal judicial de la Oficina Fiscal 1, de preventores de Ciudad y de la Unidad Especial de Patrullaje de Ciudad. De testimonios en el juicio surgió el inaccionar de estos funcionarios en los días previos a la muerte de Luciana.En paralelo, la fiscal especial Claudia Ríos instruye una causa contra funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, más precisamente de la Dinaf. Es la segunda vez que tiene este expediente ya que solicitó la elevación a juicio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero una oposición de la querella ante la Justicia de Garantías logró que se indague también sobre el posible abandono de persona. Esta semana, estos funcionarios recibieron una suspensión administrativa de entre 20 y 25 días sin goce de sueldo. Al respecto, la abogada de la abuela materna de Luciana, Graciela Cola, apuntó que “el fallo es una burla. La decisión de Cristian Bassin –ministro- de aplicarle estas condenas ínfimas confirma que a nivel administrativo el hecho queda impune”.“La opción que nos queda es apelar a que la Justicia Penal no sea neutral porque queremos que los mandes presos”, concluyó la representada.




