La tan utilizada frase "los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro" pareciera que a quienes convocan a los paros poco les importa. Y eso que es el derecho que les otorga la Constitución nacional a todos los ciudadanos a circular libremente. Lo establece el artículo 14 claramente.
Durante años nuestro país a lo largo y a lo ancho de su territorio se ha visto sometido a reiterados casos de imposibilidad de circulación porque grupos (minúsculos la mayoría de las veces) deciden cortar la calle de extremo a extremo, con sus carteles de reclamos, que bien pueden ser legítimos. Sin embargo pierden su valor cuando se interponen en la libertad de otros -incluso con amenazas- que tan sólo pretenden llegar a su puesto de trabajo, meta que les significa horas y horas de espera hasta que "los dueños de la calle" decidan dejarlos pasar.
Si a esto le sumamos la imposibilidad de circulación de las ambulancias, policías o bomberos cuando ocurre una emergencia, cartón lleno. Nada los conmueve. Ellos están siempre primero. La ciudad queda sitiada durante horas.
Todos se preguntan qué hace la Justicia para revertir esta situación que los tiene de rehenes a todos. Bueno, este jueves, por fin, hubo respuesta.
Cortar una calle sin el permiso correspondiente es delito y por lo tanto los jueces se deben ocupar. Pero no escuchando las noticias a través de la TV o la radio sino concurriendo al lugar para analizar la situación y ver de qué manera y en forma inmediata proceder a ordenar a las autoridades policiales o a Gendarmería que implementen un sistema de desalojo que puede resultar compulsivo si hay resistencia. Pero esto se hace en el marco de la ley y no fuera de ella.
O sea que hay métodos legales para revertir situaciones tan engorrosas como son aquellas que vulneran el artículo 14 de la Constitución. Y a decir verdad, son muy pocas las veces que algún funcionario judicial se decide a dejar su cómodo sillón en tribunales y va donde debe estar y por lo cual se le paga un sueldo.
Son muy excepcionales las circunstancias en que aparecen y lo hacen si se trata de rutas nacionales que son resorte de la Justicia federal. Pero nuestras calles están libradas a lo voluntad de algunos, no de todos.
Hace poco hubo un hecho que conmovió a toda la ciudadanía. En una manifestación arrojaron petardos y uno de ellos fue mordido por un perro, lo que le causó gravísimas heridas al animal, cuya vida finalmente pudo ser salvada. Pero la pregunta es: ¿si ese artefacto hubiese sido tomado en la mano por un niño qué hubiera pasado? Por lo ocurrido al perro se congregaron muchísimas personas frente a la Legislatura en señal de repudio, pero de allí no pasó. Se habló incluso de algún proyecto que prohibiera el uso de explosivos que seguramente todavía estará guardado en algún cajón esperando que alguien lo haga resucitar. Pero nada más. La memoria es frágil al momento de tomar decisiones que a veces pueden resultar drásticas pero son necesarias. En el caso del perrito la causa se judicializó y así debería ser cuando se impide la libertad de circulación de las personas.
Un caso excepcional
Fue en 2005 cuando el fiscal correccional Eduardo Iannuzzi en forma personal se presentó en la calle San Martín, en pleno centro de Mendoza, tras haber solicitado sin éxito a un grupo de piqueteros que desalojara la arteria. Requirió la intervención de unos 30 efectivos.
Lejos de amilanarse los manifestantes hicieron un cordón humano para resistir el avance policial. Pero la orden de Iannuzzi fue tajante y la policía actuó, incluso con disparos de salva al aire, logrando, siempre en presencia del fiscal, que los manifestantes se dispersaran sin que hubiera heridos ni detenidos.