Lo hará Barrios de Pie mañana. Denuncian que aún no se reglamenta la ley que se votó por amplia mayoría en el Congreso.

Instalarán ollas populares en Carlos Paz para pedir la emergencia social

La organización social Barrios de Pie realizará un recorrido e instalará ollas populares en la localidad cordobesa de Carlos Paz, en reclamo de la implementación de la ley de emergencia social. La organización denuncia que la medida, aprobada por unanimidad el 14 de diciembre pasado en el Congreso, aún no ha sido reglamentada.

"A pesar de contar con la aprobación de la ley de emergencia social como instrumento para paliar la agravada situación social, dicha medida aun no se reglamenta y las organizaciones sociales no hemos recibido ningún tipo de información al respecto", afirmó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Menéndez sostiene que el hecho de que no se avance con esta norma "es un dato preocupante".

"El mismo INDEC dio cuenta recientemente de un aumento de la desigualdad social en nuestro país: el 10% más rico de la población obtiene un tercio de los ingresos totales, mientras que el decil inferior obtiene sólo el 1,2%", destacó el referente de la organización".

Otro de los reclamos que hará la organización será la de un mayor aporte económico del Gobierno para los comedores populares de esta provincia, especialmente para esta época del año. "En estas fechas son mas los niños que golpean la puerta del comedor para solicitar un alimento y las partidas y refuerzos del gobierno provincial ha prometido no llegan", explicó Silvia Quevedo, coordinadora provincial del grupo.

La ley de emergencia social fue una iniciativa impulsada por los movimientos sociales con el apoyo de la CGT y la Iglesia, que obtuvo media sanción en el Senado y luego fue reformulada en acuerdo con el Ejecutivo, en un nuevo proyecto que obtuvo la aprobación de ambas Cámaras.

Entre sus principales puntos, establece el pago de un salario social complementario de $4.030,

equivalente a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, para lo cual el Estado deberá destinar fondos por hasta $30.000 millones durante los próximos tres años.

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