País Miércoles, 14 de noviembre de 2018

Apelaron la falta de mérito de Cristina en la "Ruta del dinero K"

La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción se manifestaron formalmente contra la decisión del juez Sebastián Casanello.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron este miércoles la falta de mérito que dictó el juez federal Sebastián Casanello sobre la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "Ruta del dinero K".

Ambos organismos reclamaron que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada, por entender que "concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada con las maniobras" encabezadas por el detenido empresario Lázaro Báez.

A través de su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, la UIF remarcó en su presentación que el juez Casanello "sobreestima el suceso correspondiente a la muerte de Néstor Kirchner como si este hechos hubieran dejado sin efecto los acuerdos existentes entre las familias Kirchner y Báez como si la prueba no señalara la continuidad de los mismos".

"No sólo veremos que el circuito de lavado de dinero funcionaba mucho antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, sino además que el resolutorio obvia manifestar que, aún después de acaecido el luctuoso suceso, el Grupo Báez continuó recibiendo obra pública, de modo preferencial", apuntó la UIF.

Y, en medio de duras críticas hacia el fallo de Casanello, agregó que el juez "no sólo valoró aisladamente la prueba sino que además omitió arbitrariamente expedirse sobre diversos elementos que dan cuenta de cómo la imputada se interesó en que Lázaro Báez pudiera lavar aquel dinero de origen corrupto sin que las agencias de control lo detectasen".

"El principal error está dado por la no aplicación correcta en el caso de la figura del testaferro. El magistrado no identifica una conducta concreta atribuible a Cristina Kirchner porque espera encontrar la prueba directa de una actuación a nombre propio (la cuenta a su nombre en el exterior, por ejemplo), lo que resulta absurdo, en lugar de valorar los indicios que indican que el dinero que Lázaro Báez administraba en el exterior y dentro del país era -en última instancia- de propiedad de la asociación ilícita que dirigía la ex mandataria", advirtió la UIF.

Ambos organismos coincidieron en que la ex presidenta tenía conocimiento, al menos de forma genérica, de las maniobras de lavado de dinero realizadas por Báez.

Advirtieron que, en la causa, Leonardo Fariña señaló que si bien el dinero de origen ilícito era manejado por Báez en verdad era propiedad de Néstor Kirchner.

"Es decir, el hecho de que Cristina Elisabet Fernández tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito perteneciente a su difunto esposo, pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones -como es normal que ocurra en el caso de socios, prestanombres y simples gestores-, en nada quita su responsabilidad en el evento", apuntó la OA.

Además, el organismo que conduce Laura Alonso coincidió con la UIF en que las empresas de Báez continuaron siendo adjudicatarias de contratos de obra pública "direccionadas de modo fraudulento", lo que constituyó la fuente del dinero aplicado a las posteriores maniobras de lavado.

En el escrito de la OA se repasa una serie de hechos presuntamente organizados desde la Casa Rosada y advirtió que "existió una decisión de proteger, desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, a las maniobras de lavado de activos reprochadas a Báez y su entorno, tanto para permitirle ejecutarlas como para, luego, procurar su impunidad".

En lo referido al fideicomiso testamentario de Báez, la OA consideró "que más allá de su significado aparente, en verdad constituyó una suerte de contradocumento que sólo se explica como el reflejo de una realidad distinta de la que surgía -y aún surge- formalmente del patrimonio" del empresario, que -aseguró- "no le pertenece a él, sino a otras personas. Y esas otras personas son Néstor Carlos Kirchner, antes, y Cristina Elisabet Fernández, ahora".

La Oficina viene insistiendo sobre la participación de Cristina Kirchner en esta causa por entender que la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no sólo tuvo por objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino también ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que la ex presidenta y su difunto esposo resultaban los verdaderos dueños de esa fortuna, lo que quedó demostrado con el reingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces.

El pasado viernes, el juez Casanello había dictado la "falta de mérito" de la ex presidenta y actual senadora nacional en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K", en la que está detenido el empresario Báez, y ordenó profundizar la investigación.

El magistrado resolvió la situación procesal de la ex mandataria, cuando en paralelo gran parte de la causa por lavado de dinero mediante la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", está en etapa de juicio oral y público, con más de 20 implicados, entre ellos Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

El dueño de Austral Construcciones se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de "La Rosadita" en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.

Para la Justicia, "se corroboró la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los 60 millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos 32 millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios".

Más noticias