Rodolfo Suarez espera tener una audiencia con Alberto Fernández por Portezuelo del Viento.
Lo único claro es que el paquete a acordar con el FMI está lejos de quedar envuelto y con moño. La directora gerente Kristalina Georgieva avisó que los detalles aún se están trabajando. Además, y no es un dato a subestimar, falta tratar el aval al entendimiento en el Congreso, donde la tarea del oficialismo será ardua para convencer a los díscolos.
La necesidad de ajustar las cuentas, definitivamente, es lo que espanta a los kirchneristas y agrupaciones afines que han construido su bandera militante a partir de la denuncia al imperio norteamericano y a sus brazos ejecutores en complicidad con el macrismo.
La renuncia de Máximo a la presidencia de su bloque (no a la banca) no es otra cosa que un intento por deslindar responsabilidades del sector que representa respecto de las negociaciones, lo que habilita a seguir descargando municiones sobre la deuda que consideran ilegítima. Así, logra sostenerse la tesis de la alianza del capital especulativo, con las corporaciones mediática y judicial.
De quedar establecida una refinanciación de la deuda, en el mejor de los casos, el Gobierno tendrá un panorama complejo por afrontar. Toda reforma tiene, de por sí, dificultades y resistencias, más cuando se trata de revisar en qué y cómo se gasta. Y es eso lo que pide el Fondo, aún sin llegar al hueso.
Uno de los temas más urticantes es el de los subsidios a la energía: "Han sido muy generosos, no solamente con la gente pobre", sentenció Georgieva, antes de indicar que no hay alternativas. Así las cosas, Martín Guzmán acaba de reconocer que "lo que se busca es avanzar en una reducción de subsidios en relación al producto, apuntando a un objetivo de 1,7 del producto para la parte de subsidios energéticos para el año 2022". Ya está.
Entonces, la segmentación es un recurso para no golpear a los que no pueden pagar más y no sofocar la actividad económica. Pero el desafío político es parecerse lo menos posible a Macri-Aranguren sin morir en el intento.
Por su parte, como corresponsable de una solución, la oposición tendrá su protagonismo en el Congreso, pero no querrá hacerse cargo de lo que hoy corresponde al Gobierno, por lo cual deberá tener cintura para no ser el obstáculo del acuerdo sin por ello firmar un cheque en blanco. En cada actuación, declaración y votación tendrá en cuenta que no podrá moverse a sus anchas, siempre especulando con la oportunidad electoral que se le presenta hacia el 2023.
Letra chica, problema grande
Todavía no han dado a conocer los detalles finos, pero se anticipa que el Gobierno estaría dispuesto a autorizar aumentos del 20 por ciento en lo que le compete, tanto en la electricidad como en el gas. Con este número, al sumarse los costos de distribución, el promedio del aumento para el usuario podría superar el 50 por ciento, según cálculos del Instituto General Mosconi.
La balanza energética deficitaria está impactada por la importación de gasoil, gas natural y GNL, cuyo valor internacional ha crecido el 400 por ciento el último año. Por eso, el economista Julio Rojo dijo a radio Nihuil que se estima un sacrificio de divisas de 4.000 millones de dólares en 2022 solo para importar GNL.
Al drama de la inflación nacional, se suma la suba de los precios internacionales, y ambos frentes parecen conspirar contra la intención del gobierno de minimizar la quita de subsidios que, sin un cambio drástico en la política para el sector, podrían dispararse hasta los 12.700 millones de dólares este año, algo intolerable para el Fondo.
El giro ajustador será imposible de disimular por parte del equipo económico y de Alberto Fernández. Por más que despotrique contra la dependencia del FMI, se ve una retórica confrontada con la cruda realidad, y el espanto de los usuarios.
La energía de Mendoza
El río Grande, disminuido en caudal al compás del cambio climático, continúa esperando su aporte al sistema energético integrado. De concretarse, se estima una generación anual de 884 GWh al año, que equivalen a un abastecimiento de 130 mil residencias. Sin embargo, es cada vez más incierta la concreción de un proyecto al que el actual gobierno nacional tiene poca simpatía. En tanto, se van sumando las voces objetoras por diferentes motivos de tipo técnico, económico, jurídico o político.
Tampoco aparece ninguna mención a Portezuelo del Viento en los acuerdos celebrados entre Alberto Fernández y las autoridades chinas para reimpulsar las inversiones en energía, donde sólo figuran las presas hidroeléctricas de Santa Cruz y la central nuclear en la provincia de Axel Kicillof. Hay que tener en cuenta que la compañía china Sinohydro integra la UTE Malalhue junto a empresas mendocinas, la única oferente que se presentó para la realización de la obra que aún no ha sido adjudicada.
Con tantas dilaciones, la divisoria de aguas se acentúa entre los políticos de distintos colores, entre los empresarios, entre los técnicos y los interesados. Sin darle vueltas al asunto, mayoritariamente la dirigencia oficialista responsabiliza al gobierno de Fernández por las trabas a la presa. En el Frente de Todos se encolumnan para culpar a Suarez y a Cornejo de haber errado en la tramitación del proyecto.
Las empresas ligadas a la metalmecánica cifran sus esperanzas en la realización de la megaobra, mientras que las pymes de la construcción sienten que se quedan afuera si no se usan los fondos que está depositando la Nación, en cumplimiento del convenio, para múltiples obras hídricas alternativas distribuidas en toda la provincia. Los sureños, en particular los malargüinos, piden a gritos que no posterguen una vez más sus sueños.
Y no faltan los que mandan al gobierno de la Provincia a acordar con La Pampa antes de avanzar con el proyecto, a sabiendas de que se trata de un imposible. Eso y truncar el proceso sería exactamente los mismo.
Mientras el Plan B va cobrando más fuerza con la idea de aprovechar los 1.023 millones de dólares que le corresponden a Mendoza en diversas obras que permitan un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico y la generación energética, el gobernador anticipó que tramitó una audiencia con Alberto Fernández para pedir una definición presidencial sobre el tema. Así espera zanjar las idas y vueltas sobre el laudo y los aspectos pendientes.
Al regreso de sus vacaciones veraniegas, Rodolfo Suarez se mostró decidido a dar un corte al asunto sin ninguna pista cierta sobre la respuesta que encontrará en la Casa Rosada. Todas las señales hasta ahora han sido negativas sobre la intención del gobierno provincial de conseguir un laudo favorable para no tener que esperar un nuevo estudio de impacto ambiental que abarque toda la cuenca del Colorado y así poder adjudicar la obra en el corto plazo.
En declaraciones que dio a los medios, el gobernador se mostró picante sobre el tema y criticó a la senadora Anabel Fernández Sagasti. El tono poco usual de Suarez puede ser un indicio de que en esta etapa mantendrá una relación más áspera con el peronismo, mientras los conflictos no faltan en la agenda política local. El escándalo Munives no termina de cerrar, el tema de la plata que deben poner los municipios para infraestructura escolar ha sido otro motivo de cruces, existen pedidos de informes en la Legislatura en marcha, viene la confrontación por paritarias, hay roces con el gremio AMPROS , y se debe transitar un largo camino de proyectos que necesitan más acuerdos que disidencias.
En lo que respecta al proyecto más ambicioso, Portezuelo del Viento, argumentos existen de sobra, que abonan un lado y otro de la biblioteca. Lo que se necesita, ante todo, es la voluntad política, que si no aparece, la obra más anhelada nunca se hará realidad.
