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El lastre de nuestros gobiernos

Los dramas del pueblo argentino no se resumen en la pandemia, datan de varios períodos de decadencia

No le falta razón a Martin Guzmán al afirmar que cuando el mundo dejó de creer en la gestión macrista, los capitales sin regulación así como vinieron para aprovechar los rendimientos extraordinarios se fueron sin ningún miramiento.

Claro que en política cuando se ensaya alguna verdad suele solaparse otras para configurar alguna distorsión tendenciosa. En el hilo de tuits donde sienta posición, no admite el ministro el nuevo endeudamiento, por las razones que fueran, consolidado durante la presente gestión, ni la tasa exhorbitante con la que se financia el déficit fiscal.

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Tampoco precisa Martín Guzmán que retirar dinero del sistema bancario en pesos para atesorar los fondos en dólares en cajas de seguridad, en efecto, forma parte de la fuga de capitales, algo que bien podría explicarle la Vicepresidenta, según está documentado en su propio libro.

El país está endeudado por el lastre generado por todos los gobiernos que se vienen encargando de empeorar las cosas. La deuda externa dejada por la sangrienta dictadura militar que comenzó hace 45 años, no paró de crecer en los gobiernos sucesivos, salvo en el período de Néstor Kirchner, quien aun con una reestructuración exitosa, proyectó el problema de los fondos buitres litigando en Nueva York.

La actual administración no deja un instante de hablar de la nefasta herencia de Macri, que lo es en lo sustancial, si consideramos el notable aumento de la pobreza, pese a prometer lo contrario como gran objetivo de su gobierno, además del drama de la deuda y la inflación. Pero el Frente de Todos no se hace cargo del legado del tandem Cristina-Axel de 2015, como el sideral déficit fiscal, el déficit energético, cepo cambiario, sentencia a favor de los fondos buitres, juicios del CIADI, inflación, pobreza del 29 por ciento, por citar algunas cuestiones.

En la actualidad muchos de los asuntos del pasado siguen vigentes, al punto que un aspecto central es la negociación que viene intentando con dificultad Martín Guzmán con el FMI para aliviar los pagos que deben hacerse en el corto plazo con el organismo por la deuda que contrajo Mauricio Macri en 2018.

Otra piedra en el camino de la negociación fue colocada por Cristina cuando al hablar públicamente del tema generó dudas sobre el pago de los compromisos y ocasionó una disparada del riesgo país y caída de los bonos argentinos. Intención o impericia da lo mismo para explicar el fuego amigo, que sólo apaciguó un generoso comunicado del Fondo, luego de la reunión de Guzmán con Kristalina Giorgeva.

Ahora, es de esperar una nueva agitación tras las nuevas declaraciones de Alberto Fernández, en el sentido de que la deuda heredada es impagable.

Fue ésta una semana prolífica en abrir frentes conflictivos en la política exterior. Después de la retirada del país del Grupo de Lima, integrado con el propósito de promover elecciones libres en Venezuela y el cese de la violación de los DDHH, se suma el conflicto de Alberto Fernández con sus pares del Mercosur.

En el bloque regional hay mecanismos que aceitar, asimetrías que corregir y desafíos por delante en un mundo competitivo. La propuesta de flexibilizar el Mercosur para propiciar las relaciones comerciales con otros bloques o con terceros países es lo que enardeció a Alberto Fernández, aunque tampoco es explícita cuál es su estrategia de integración regional o global.

Queda el interrogante sobre cómo piensa encarar en adelante nuestro presidente las relaciones con los mandatarios socios del bloque, con quienes mantiene una confrontación ideológica.

Esta semana también llegó del exterior un fuerte rechazo al aval que el gobierno nacional viene profesando hacia el régimen autoritario de Gildo Insfrán en Formosa. Human Rights Watch denunció que el secretario de Derechos Humanos de la Nación no priorizó el derecho de las víctimas y no documentó los abusos.

Discriminación al palo

El beneficio impositivo que el Presidente ha dado por decreto a las provincias del Norte es otro castigo más para Mendoza, que sabe de lo que implica la promoción industrial en términos de beneficios y perjucios.

La promoción al Gran Cuyo con la exclusión de Mendoza desde los años de la dictadura y por más de tres décadas significó para Mendoza un paupérrimo resultado económico. Según los cálculos de especialistas contratados por el CEM, hasta 1999 la Provincia acusaba una pérdida equivalente a dos productos geográficos por recursos fiscales y actividad económica. Los estudios actualizados por la entidad en 2010 daba cuenta de la pérdida comparable a la construcción de 2.000 escuelas o 340 hospitales solo en recursos fiscales (ver esta columna en diario Uno del 14 de junio de 2020).

El resarcimiento por la demanda iniciada por el ex gobernador Arturo Lafalla a raíz de la prórroga decretada por Carlos Menem, que alcanzó un período de cuatro años, es de 1.023 millones de dólares que se están cobrando en cuotas para financiar Portezuelo del Viento.

En términos de empleo, la promoción industrial implicó para Mendoza que el trabajo registrado solo aumentara un 0,4 por ciento anual frente al 7,5 por ciento promedio de las provincias beneficiadas.

Eso explica la reacción de todo el arco político frente al decreto de Fernández, cuestionado también desde el plano de la legalidad, lo que da margen para una demanda en la Corte.

Las provincias más pobres claro que deben ser apuntaladas, pero no sobre el perjuicio de otras como Mendoza, que viene sufriendo graves problemas en materia de empleo desde hace años y ahora empeorados por la pandemia.

El soporte de la Nación hacia los estados provinciales alcanzados por la promoción del empleo con la baja de aportes a las industrias que aumenten la dotación de personal es claramente discriminatorio para nuestra provincia.

Una forma genuina de apoyar a las zonas más desfavorecidas es, por ejemplo, con inversión en infraestructura, precios diferenciales en combustible por lejanía del puerto, políticas activas en sectores de desarrollo estratégico, potenciación del capital humano, promoción de la innovación y la competitividad, entre otras medidas que no impliquen desvestir a un santo para vestir a otro. Y sobre todo, no prohijar a las pésimas administraciones locales.

En todos los casos, se debe avanzar a través de estudios técnicos rigurosos capaces de proyectar los impactos y de políticas federales consensuadas con participación legislativa.

La senadora Anabel Fernández Sagasti ha asegurado que "Mendoza va a poder acceder al diferimiento impositivo de la promoción industrial en similares características a la provincia de San Juan". En tal caso, queda aguardar la oficialización de la medida por parte del Gobierno nacional y analizar en qué términos, si igualmente Mendoza quedará excluida del decreto que baja aportes patronales progresivamente por tres años.

No se sabe si en la exclusión del decreto presidencial de Mendoza operó una simple omisión por descuido acerca de nuestra realidad o algún cálculo discriminatorio por falta de afinidad política. En cualquier caso impera la improvisación, aun si la Provincia quedara incluida.

De una forma o de otra, todo sigue siendo parte del lastre de los sucesivos gobiernos. Otra vez: la cantidad en aumento de pobres lo demuestran.