En Mendoza, la discusión sobre el alto número de partos por cesárea volvió al centro de la escena. Los números son conocidos: alrededor del 80% de los nacimientos en el sector privado y cerca del 40% en el público se resuelven por vía quirúrgica, muy por encima de lo que recomiendan los organismos internacionales de salud. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud, con el respaldo de la OPS y el acuerdo de clínicas privadas, anunció una estrategia para reducir las cesáreas consideradas innecesarias.
Bajar la cantidad de partos por cesárea, una meta del Ministerio de Salud.
Planteado así, el diagnóstico parece sencillo: demasiadas cirugías, un sistema que incentiva intervenciones y la necesidad de ordenar la práctica desde la política pública.
El punto ciego del debate
En toda esta conversación hay una ausencia que llama la atención: lo que piensan las mujeres, las personas gestantes, las que ponen el cuerpo. En los comunicados, en las conferencias y en los acuerdos interinstitucionales se habla de estadísticas, de costos, de protocolos y de eficiencia, pero muy poco, o nada, de cómo ha cambiado la maternidad en los últimos años.
La discusión parece darse como si todas las mujeres parieran en las mismas condiciones, a la misma edad, con los mismos proyectos vitales y las mismas redes de contención. Como si la maternidad fuera un hecho biológico aislado y no una experiencia atravesada por factores sociales, económicos, de género, de clase y de época.
Maternidades distintas, decisiones distintas
Hoy la maternidad se posterga. Muchas mujeres son madres cerca o después de los 35, incluso de los 40 años. Tienen uno o dos hijos como máximo y llegan a ese momento tras años de trabajo, estudio, autonomía económica y decisiones postergadas. En ese contexto, no es menor que, en determinados casos, la cesárea sea percibida -y muchas veces recomendada- como una opción más segura.
Asumir que el alto número de cesáreas responde únicamente a la “viveza” de las prepagas o a la comodidad médica es una simplificación. Invisibiliza a las mujeres que deciden, con información y acompañamiento profesional, no atravesar un parto vaginal. No por ignorancia ni sometimiento, sino por elección.
Desde que las mujeres comenzaron a tomar decisiones más autónomas sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, la natalidad cayó de manera sostenida. En los últimos años, la reducción ronda el 38%. No es un dato aislado ni anecdótico: habla de maternidades más pensadas, más elegidas y menos obligatorias. En ese contexto, discutir cómo nacen los hijos sin discutir por qué y cuándo se los tiene es volver a mirar solo una parte del problema.
Autonomía, más allá del protocolo
La paradoja es conocida: sobre el cuerpo de las mujeres siempre hay opiniones disponibles. Pasó con el debate por la interrupción legal del embarazo y vuelve a pasar ahora. La maternidad parece ser un asunto colectivo cuando conviene discutirla, regularla o administrarla. Pero el costo físico, emocional y vital sigue siendo individual.
Hablar de parto respetado debería implicar algo más amplio que defender una vía de nacimiento sobre otra. Debería incluir la posibilidad de que cada mujer, cada persona gestante, pueda decidir cómo parir: en el agua, rodeada de familiares, en su casa, abrazada a un árbol o en un quirófano, con anestesia, camisolín y luz blanca. Todas esas opciones son legítimas si surgen de una decisión informada y acompañada, no de una imposición.
Cuestionar un esquema que busca “bajar cesáreas” sin mirar el contexto no es negar los riesgos de las cirugías ni el valor del parto vaginal. Es advertir que las decisiones sobre los cuerpos no pueden tomarse como si los nacimientos ocurrieran en una probeta gigante, regulable desde una mesa de acuerdos técnicos.
La autonomía no es obligar a parir de una manera u otra. Es, justamente, lo contrario.