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Pierce, de 9 años, fue asesinado por su padre antivacunas.
El padre del niño había aprobado un día antes de su suicidio, la resolución de un juez, que exigía que su hijo Pierce recibiera una vacuna.
Po su parte, la ex esposa y madre del niño, dijo que O'Loughlin formaba parte un “grupo de autoayuda” y estaba convencido de que el gobierno de Estados Unidos utiliza las vacunas para "controlar mentalmente" a los ciudadanos.
Hu, vicepresidenta ejecutiva de una empresa de contenedores, llamó a la policía al saber que su hijo había faltado a clases en Convent & Stuart Hall, una escuela católica por la que pagaban 35 mil dólares al año.
La abogada de Hu, Lorie Nachlis, afirmó que O’Loughlin sufría de una enfermedad mental que lo volvía paranoico con las vacunas, mientras que O’Loughlin no dejaba que su hijo fuera vacunado, alegando que había sufrido efectos secundarios graves por inyecciones cuando era bebé.
Hu, por su parte, señalaba que los médicos recomendaban que el niño fuera vacunado.