"Buenos días, pueblo salvadoreño –dice una voz de hombre, juvenil–, estamos en las labores que el Barrio 18-Sureños se ha puesto a realizar este día, ¿va?, ayudando a las personas más necesitadas, ¿va?, afectadas por el covid 2019". Una señora sale luego de su casucha, rural, y recoge agradecida un gran paquete: frijoles, aceite, harina de maíz, papel higiénico, azúcar, arroz… "¡Feliz día, madrecita!", dice, a modo de despedida, la misma voz juvenil que graba la entrega.
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La escena es surrealismo puro, patos disparándole a las escopetas, aunque no tan sencillo de detectar a los ojos del profano.
En El Salvador, las maras o pandillas están teniendo un rol protagónico en la crisis generada por la pandemia de COVID-19. RT habló con los voceros de la Barrio 18-Sureños (18-S) y de la Mara Salvatrucha (MS-13) –dos de las tres pandillas hegemónicas–, que confirmaron la participación de estas estructuras criminales en promover el encierro en las casas, el distanciamiento social y, en el caso de la 18-S, incluso en repartir víveres entre familias de escasos recursos.
"Les pedimos humildemente acaten las normas del Gobierno por la emergencia que está pasando el país", reza una comunicado suscrito por la pandilla 18-S: "No salga si no es necesario, de favor les pedimos a nuestros barrios y colonias, donde controla el Barrio 18-Sureños".
El fenómeno de las maras es importado. Tanto la MS-13 como el Barrio 18 nacieron en Los Ángeles (Estados Unidos), y fue a inicios de los noventa cuando comenzaron a asentarse en Centroamérica, vía la política de deportaciones masivas desatada por Washington; primero ganaron presencia en las zonas urbano-marginales, y luego, en las áreas rurales.
Los pandilleros determinan quién entra en la colonia o quién estudia en el instituto, un control que ha generado que, en la práctica, el país esté dividido por 'fronteras invisibles' delimitadas por las zonas de influencia de las pandillas.
La más numerosa y mejor organizada es la MS-13. El Barrio 18 se partió en dos facciones hace más de una década: la referida 18-Sureños y la 18-Revolucionarios. Por todo, se estima en unos 60.000 los pandilleros activos, y en más de 300.000 las personas que integran su colchón social (novias, esposas, familiares, colaboradores) en un país de apenas 6,8 millones de habitantes.
