El enfrentamiento entre los poderes públicos en Venezuela se intensificó ayer luego de que la fiscal general Luisa Ortega se negó a asistir a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia sobre el proceso para su eventual destitución, acción que consideró un golpe de Estado, mientras la decisión sobre su proceso de enjuiciamiento sería anunciada en un plazo de cinco días.
Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer ante el máximo tribunal de Justicia y se hallaba a las puertas de su destitución, "No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada", declaró Ortega.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició las audiencia en la que determinará si Ortega cometió "faltas graves" para su remoción, a solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño, quién argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de "mentir" al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.
El presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, informó que la decisión de enjuiciar a la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, será anunciada en un plazo de cinco días. "Nos acogemos en el lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar", dijo, con lo que concluyó la audiencia oral y pública contra la fiscal.
Nombramiento
La fiscal dijo desconocer el nombramiento que hizo el alto tribunal como vicefiscal de la polémica abogada chavista Katherine Harrington, quien la sustituiría si es destituida.
Apoyada por la oposición y por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de la "ruptura del orden constitucional", que denunció tras fallos del TSJ que minaron al Poder Legislativo, bajo control opositor.
La arremetida del gobierno contra Ortega caldeó aún más la crisis política e institucional del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas, que dejan 90 muertos y más de mil heridos.
La fiscal fue acusada por Carreño tras expresar rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, a la que también se opone la oposición.
"Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución", precisó Ortega.
"Me dan asco los traidores y traidoras, que pretendan hablar en nombre del comandante Chávez y salen a apoyar a los violentos (opositores)", dijo Maduro por su lado.
El diputado Carreño pidió al TSJ evaluar la salud "mental" de Ortega y, a solicitud suya, el máximo tribunal le impuso prohibición de salida del país y congeló sus cuentas y bienes, además anuló la citación de Ortega contra dos generales de la Fuerza Armada, acusados de violar derechos humanos en las protestas, en tanto la Contraloría inició una auditoría en las fiscalías.
Analistas dan por descontado que habrá juicio contra la fiscal, pero su destitución sólo puede ser decidida por el Parlamento, lo que augura un nuevo episodio en la crisis.
Aunque el Legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición lo controla en enero de 2016.
