El representante diplomático de la Santa Sede añadió que en otros 2.572 casos, tras la investigación, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que no ha especificado.
Tomasi precisó que desde 1950 las diócesis católicas y órdenes religiosas pagaron 1.800 millones de euros de indemnización a las víctimas de abusos y 56 millones se han destinado a medidas terapéuticas para las víctimas.
El arzobispo explicó que el Vaticano no puede encausar a "las personas que viven en un determinado país, sometidas a la jurisdicción de la legítima autoridad de ese país" y que son "las autoridades estatales" las que "están obligadas a proteger, y a perseguir cuando sea necesario, a las personas bajo su jurisdicción".
Fuente: huffingtonpost.es