El Gobierno de Bolivia no da abasto con la pandemia del coronavirus. Con más de 3.000 fallecidos y casi 80.000 contagios hasta la fecha, un grupo de empresarios e ingenieros han decidido tomar acción y fabricar hornos crematorios móviles, para responder a la demanda de los servicios funerarios.
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Se ven muertos apilados, muertos en las calles, muertos abandonados ante la falta de posibilidades. En este país la crisis por la pandemia del coronavirus hizo desastres y las autoridades afirman que aún no se alcanzó el pico.
En medio de un panorama desolador se puede ver un letrero que llama la atención: "Hornos crematorios móviles". Está colgado sobre un gran aparato y es transportado por un camión por distintas calles de La Paz.
Se trata de una publicidad dirigida a las autoridades de ciudades que carecen de estos equipos y que se han visto desbordadas por la creciente demanda de familias de fallecidos.
Carlos Ayo, ingeniero ambientalista, aseguró que el proyecto intenta llegar a los lugares que no cuentan con las instalaciones necesarias para enfrentar la tan insual situación, y ayudar a las familias que tampoco cuentan con los recursos necesarios para cremar a sus seres queridos.
Tras el inicio de la pandemia, se ha reportado en varios países latinoamericanos, y en especial Bolivia, el abandono de cuerpos en los espacios públicos debido al colapso de cementerios y funerarias.
"Los familiares abandonan los cuerpos en las calles por miedo a contaminarse", explicó Ayo. Los bolivianos deben esperar hasta 6 días o más para que las autoridades retiren los cuerpos de sus hogares. En muchas ocasiones ni siquiera llegan.
El horno tiene un costo de U$S45.000 y crema entre 12 y 15 cuerpos usando un tanque de gas por cada uno, de acuerdo a un informe de La Nación. El proceso cuesta una cuarta parte de lo que ofrecen los servicios fúnebres públicos y privados.
Ayo aseguró que los hornos cumplen con todas las normas de bioseguridad, y explicó que para una cremación se necesitan dos garrafas de gas licuado de petróleo (cada una con capacidad de 10 kilogramos). Esto representa un costo energético de 45 bolivianos (U$S6,50).
“Esperamos que las autoridades apoyen esta iniciativa y permitan su uso extendido porque va a facilitar las tareas de una correcta disposición de los cadáveres”, indicó el especialista.
Ayo agregó asimismo que ya negocian la venta en varias ciudades y que también tienen pedidos desde el sur de Perú, en la frontera con Bolivia.
Ante la emergencia, el ministerio de Salud activó un protocolo en el que se establecía que los cuerpos podían ser enterrados fuera de los cementerios y en fosas comunes.


