Ocurrió en Italia con el caso Manos Limpias y podría ocurrir en Brasil con el escándalo de Petrobrás: el Congreso contraataca con un arsenal de proyectos de leyes, y busca proteger a sus miembros del avance de las investigaciones contra la corrupción.
Las tentativas se aceleraron ante la inminencia de una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht, en el centro del monumental fraude a la petrolera estatal, que implicaría a legisladores, gobernadores y políticos de primera línea por el desvío de miles de millones de dólares de los cofres públicos.
La batalla sorda entre la Justicia y los principales partidos está saliendo a campo abierto, con la multiplicación de iniciativas parlamentarias que podrían limitar la acción judicial.
"Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscan crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación", dijo recientemente el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Roberto Veloso.
La Cámara de Diputados discute una serie de medidas contra la corrupción impulsadas por fiscales de la operación Lava Jato (lavadero de autos), como se conoce al caso Petrobrás, que fueron respaldadas por dos millones de firmas.
Pero, paradójicamente, la iniciativa podría abrir la puerta a una autoamnistía de la Caja 2, las donaciones de campaña no declaradas que suelen encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.
En caso de convertirse en ley, la nueva tipificación de la Caja 2 en un "crimen más robusto" eximiría de culpa y cargo a quienes están ahora en la mira de la Justicia, porque ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva, al menos según una lectura que gana fuerza en el Congreso.
"Si criminalizan a todos los que usaron la Caja 2, van a acabar con esta generación política", aseguró un asesor de uno de los principales partidos de Brasil que pidió no ser identificado.
Al otro lado de la calle
El jefe de los fiscales de la República, Rodrigo Janot, advirtió sobre ese riesgo la semana pasada y pidió no olvidar las enseñanzas de la megainvestigación de corrupción en Italia, citando las trece medidas que aprobó el Parlamento de ese país para erosionar la operación Manos Limpias.
El diputado Onyx Lorenzoni, a cargo del informe que debe ser sometido a voto en el Congreso brasileño, reconoció el nerviosismo ante la proximidad de la delación de Odebrecht.
Según los medios, el ex jefe de la constructora Marcelo Odebrecht, condenado en 2015 a casi 20 años de cárcel, y decenas de ejecutivos de la firma están a punto de cerrar un acuerdo a cambio de una reducción de esa pena.
"Sin dudas, eso preocupa, y tal vez explique las tentativas para limitar las investigaciones", señaló el legislador del partido liberal DEM.
El principal delator del caso tuvo su recompensa
Uno de los principales delatores del esquema de corrupción en la estatal brasileña Petrobrás, Alberto Youssef, abandonó la cárcel ayer para cumplir cuatro meses de prisión domiciliaria antes de quedar en libertad en "recompensa" por su colaboración.
Youssef, de 49 años, fue detenido en marzo de 2014 y condenado a más de 120 años de cárcel por su participación en el esquema que drenó miles de millones de dólares de los cofres de Petrobrás, fraguando contratos con importantes constructoras y repartiendo sobornos entre funcionarios de la petrolera, políticos y empresarios.
Responsable de lavar parte del dinero desviado, acordó colaborar con los investigadores y redujo así a tres años su tiempo de reclusión: dos años y ocho meses en una cárcel de Curitiba, que concluyeron ayer, y cuatro meses en su apartamento de San Pablo, con una tobillera electrónica.
El 17 de marzo del año próximo responderá a su condena en "régimen abierto" (en libertad, con restricciones mínimas), gracias a su confesión, que permitió expandir las investigaciones y descubrir la real dimensión del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
